SANTIAGO. El Parlamento gallego aprobó el pasado martes la Lei de Caza de Galicia, que para el Gobierno impulsará la puesta en valor del medio rural, aunque la oposición entiende que no garantiza las suficientes medidas de seguridad.
La norma fue aprobada con los votos del Partido Popular, mientras se abstuvo el PSdeG, que admitió la necesidad de renovar una ley de hace 16 años, aunque no las soluciones que la norma propone, y se mostraron en contra Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el BNG.
El ‘popular’ Santiago Freire destacó la envergadura de esta actividad, para la que hay en Galicia 50.000 licencias, y la justificó por los cambios en el territorio desde la anterior norma, que data de 1997.
Apuntó que el ámbito de aplicación de la ley es más del 80 por ciento del territorio gallego y que esta actividad genera 90 millones de euros anuales vinculados a la alimentación de perros, venta de remolques, fabricación y venta de armas, vestuarios y complementos, actividad hostelera o la contratación de gestorías.
Además, destacó la función social de la caza y citó que el pasado año se abatieron en Galicia unos 15.000 jabalíes, con lo que se han evitado daños en la agricultura y la ganadería.
La oposición insistió, al igual que habían apuntado sus portavoces durante la tramitación de la norma, en que no avanza en materia de seguridad, no resuelve los problemas causados por la fauna salvaje y no dinamiza el medio rural.
La diputada socialista Patricia Vilán remarcó que le sigue causando dudas el fondo de corresponsabilidad para los daños por animales salvajes, puesto que no existen fondos consignados en la ley.
Además, lamentó que el PP no aceptase que la edad mínima para poder cazar sean los 18 años, y no los 16 que mantiene la ley para una actividad en la que se emplean armas.
Antón Sánchez, de AGE, también defendió elevar la edad mínima para ejercer esta actividad «peligrosa» y la exigencia de que haya que cazar en perfectas condiciones físicas y mentales, mientras criticó que no se aceptasen enmiendas de su grupo, como una que apostaba por controles de alcoholemia «preventivos» entre los cazadores.
A su juicio, la norma no avanza en las medidas de seguridad ni en la conservación de especies cinegéticas.
Para la nacionalista Ana Pontón, el proyecto de ley ni avanza en el papel social o tradicional de la caza ni en una gestión más democrática.
El representante popular, Santiago Freire, aseguró que la norma «va a ser una herramienta útil y un mecanismo adecuado para dar cumplimiento a las necesidades de la actividad cinegética en Galicia».
El debate giró en torno a dos ejes: la necesidad de compatibilizar la caza con la seguridad para las personas y la conservación de las especies.
Satisfacción entre los aficionados
El texto definitivo de la Lei de Caza de Galicia ha dejado satisfecho al colectivo de cazadores. «Se han tenido en cuenta nuestras propuestas y creemos que estamos más respaldados», señaló Francisco Couselo, presidente de la Federación Galega de Caza en pontevedra.
Su homólogo autonómico, Javier Nogueira, destacó que, «después del borrador que había de la ley y de todas las alegaciones que se habían hecho, podemos decir que estamos satisfechos. Se puede decir que se han recogido nuestras alegaciones en un 80 por ciento, así que yo creo que es para estar contentos».
