PONTEVEDRA. Los tecores (antes denominados cotos de caza) regentados por sociedades federadas, que representan en la actualidad casi el 90% de los existentes en Galicia, estarían dispuestos, de no recogerse las alegaciones del colectivo en la nueva Lei de Caza de Galicia, a devolverlos a la Xunta. Por tanto, sería la Administración autonómica la que tendría que hacerse cargo de los accidentes y de los daños producidos por las especies de caza. El plante de los cazadores haría muy difícil la convivencia entre la fauna cinegética y el rural gallego.
Esta fue una de las decisiones que se adoptaron el pasado sábado durante la asamblea general de la Federación Galega de Caza, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, y en la que la atención estuvo marcada por el debate de la nueva Lei de Caza de Galicia.
La asamblea acordó que, antes de iniciar el calendario de movilizaciones, hay que reunirse con todos los grupos parlamentarios y, en función del resultado de estos encuentros, celebrar asambleas abiertas a todos los cazadores para adoptar las medidas a llevar a cabo frente a la Administración, que podrían desembocar en una gran manifestación del colectivo cinegético y en la entrega de los permisos administrativos de los tecores a la Xunta de Galicia.
Además, en la asamblea de la FGC se dio luz verde a las cuentas del pasado ejercicio, que presentan una salud aceptable, al tiempo que se facultó a la junta ejecutiva para establecer el precio de la licencia federativa autonómica. Se aprobabaron también por unanimidad el resto de los puntos del orden del día, entre ellos la adecuación de los estatutos federativos a la nueva Lei do Deporte de Galicia.
Informe de alegaciones. En cuanto a la nueva Lei de Caza de Galicia, el director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, aclaró el pasado martes que en los próximos días se hará público, a través de la página web de la Consellería, el informe de alegaciones presentadas al anteproyecto de ley, así como la valoración de las mismas durante el proceso de información pública.
García-Borregón intervino el martes en la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. El representante de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas destacó que el actual gobierno autonómico facilitó el acceso a este texto legal ampliando en 30 días el período par que los interesados presentaran las alegaciones o las observaciones que estimaran oportunas.
También destacó que en la actualidad su departamento trabaja en los últimos ajustes para hacer público el resultado del procedimiento de participación pública de este anteproyecto, en el que se hace un análisis de cada una de las alegaciones presentadas, especificando aquellas que son aceptadas y explicando las que se rechazan.
García-Borregón concluyó señalando que queda de manifiesto que la intención de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, tal y como se demostró en los trámites realizados, fue promover una participación real y efectiva del público en la elaboración del anteproyecto de la Lei de Caza, con el objetivo de mejorar la calidad de la norma actual.
