PONTEVEDRA. Solo el debate del exentrenador Alberto Argibay con el actual presidente, Mauricio Rodríguez Boullosa, y algunos ruegos y preguntas de los pequeños accionistas caldearon un poco el ambiente en la junta general de del Pontevedra que se celebró en la jornada de ayer.
Finalmente, el consejo de administración de la sociedad pudo aprobar sus presupuestos del ejercicio pasado y la propuesta para el curso que está a punto de concluir, con la oposición de un sector que, sin suponer más que un pequeño porcentaje de la sala, era más importante en número que en representación de capital.
La sesión también sirvió para que el exsecretario Jorge Pedrosa se postulase como presidenciable, aunque recordó que solo lo hará si no va adelante la candidatura de Lupe Murillo y el club se queda sin mando.
Durante la sesión, Mauricio Rodríguez Boullosa expresó que el plan de viabilidad todavía no ha quedado aprobado, toda vez que las administraciones no han podido dar su visto bueno a causa de la gran acumulación de trabajo que supone para ellas atender a todas las empresas que se hallan en concurso de acreedores.
En cualquier caso, el Pontevedra podría saldar su deuda con la Seguridad Social, que asciende a unos 250.000 euros, subastando una finca del que hasta ahora era el máximo accionista de la institución, Nino Mirón, que actúa como aval.
La creación de más de 700.000 nuevas acciones mediante la fórmula de compensación de créditos de medio centenar de acreedores (hasta ahora la sociedad se dividía en 68.000 títulos, a partir de ahora serán unos 770.000) dará entrada en el accionariado a algunas empresas que tendrán mucho poder y atomizará la autoridad dentro de la sociedad. Hasta ahora estaba controlada por Nino Mirón, que pasará de tener dos tercios del capital total a menos de un cuarto.
La junta sirvió también para recordar que el presupuesto de la presente temporada se reduce de forma ostensible con respecto al del pasado curso. Para este ejercicio, el Pontevedra tiene previsto ingresar 604.000 euros y gastar 587.000, aproximadamente.
En el curso pasado, invirtió más de 1,5 millones de euros, ingresó más de 1,3 millones y tuvo un saldo negativo de 177.000 euros. Solo el ingreso de cerca de 600.000 euros obtenido por las diferentes operaciones vinculadas con el exjugador granate Fran Rico hicieron de contrapeso del dispendio, derivado de gastos con abogados, del administrador concursal, deudas contraídas con exjugadores y exempleados del club, y varias resoluciones judiciales contrarias a los intereses de la sociedad.
Deuda. Durante la cita, el consejo de administración presentó la deuda a la que deberá hacer frente la sociedad, una vez realizada la transformación en acciones que aceptaron gran parte de los acreedores (700.000 euros).
El Pontevedra debe a Hacienda unos 400.000 euros, los 250.000 de la Seguridad Social y otros 700.000 a empresas o particulares que no se adhirieron a la fórmula de compensación de créditos. Sin embargo, según explicó Mauricio Rodríguez Boullosa, muchas de esas empresas acreedoras se han disuelto, por lo que el club ni siquiera deberá hacer frente a gran parte de ese apartado de los pagos.
Tres temas generaron debate en la sala: la deuda y los presupuestos por un lado, la ampliación de capital por otro y, por último, el trato a los abonados, molestos por los precios de sus carnés y por los baratos importes de las entradas para el público en general propuestos en el partido del pasado domingo contra el Compostela.
Ante la insistencia de Alberto Argibay en conocer los motivos por los que la ampliación de capital por el método de aportaciones dinerarias era de 200.000 euros, el vicepresidente del consejo de administración, José Manuel Fernández, se vio obligado a aclarar que era una decisión impuesta por un acuerdo en el consejo de administración. En ese punto, el peso del máximo accionista, que se negó a que aquella cifra fuese mayor, fue decisiva.
