El ascenso a Primera RFEF conseguido por el Pontevedra esta temporada supondrá para el equipo granate no solo un salto en su camino hacia el fútbol profesional, sino también un 'salto', metafórico a su bolsillo.
Y es que más allá de la inversión que el PCF debe hacer en su plantilla si quiere, a priori, partir con mejores opciones en la competición, el club debe asumir una serie de criterios económicos que la Real Federación Española de Fútbol ha endurecido de cara a la próxima campaña liguera.
Pese al control financiero que, teóricamente, la RFEF quiso imponer esta temporada, los problemas se sucedieron en el estreno de una Primera RFEF en la que el Extremadura desapareció y varios equipos fueron protagonistas de impagos.
Con el firme objetivo de evitar que estas situaciones se repitan en una categoría que fue creada bajo la idea de la profesionalización, la RFEF ha endurecido sus criterios económicos para la próxima campaña 2022/2023.
De esta manera, el Pontevedra debe afrontar una categoría que, en primer lugar, exige a todos los clubes aportar un aval bancario del "10% del cierre de los gastos auditados del ejercicio anterior". De cualquier manera, esta póliza debe cumplir con un mínimo de 200.000 euros.
Más allá de este primer balance para los equipos que conformen la Primera RFEF, la Federación también ha endurecido las medidas económicas en lo que respecta al presupuesto de los clubes, con el objetivo de evitar nuevos casos como el del Extremadura.
Así, la próxima temporada el Pontevedra debe presentar un presupuesto mínimo de 700.000 euros, que le permita cumplir con las exigencias de la categoría. Sin embargo, esta medida todavía se endurecerá más con el tiempo.
Y es que la RFEF busca ir implantando diferentes medidas con el paso de los cursos ligueros, otorgando así tiempo a los diferentes clubes para cumplir con una normativa mucho más exigente que la que regía en Segunda B.
Así, en la temporada 2023/2024, la RFEF obligará a los clubes de Primera RFEF a duplicar su presupuesto hasta 1.500.000 euros anuales, siempre que los ingresos por la cesión de los derechos de televisión sean de un mínimo de medio millón por equipo.
Por otro lado, la Federación impone también un salario mínimo de 35.000 euros anuales para todos aquellos jugadores mayores de 23 años con licencia profesional. Una cifra ligada también a la condición de que los clubes ingresen por los derechos televisivos, al menos, medio millón de euros. Una exigencia que podría reducirse a 28.000 o incluso 20.000 euros siempre que los ingresos por derechos de imagen sean inferiores.
