Freno legal a las emisiones

La nueva ley por el clima obligará a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023
Plaza de la Peregrina. DP
photo_camera Vista de la Praza da Peregrina. RAFA FARIÑA

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que las zonas urbanas declaradas bajas en emisiones puedan revertirse, porque "cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes".

El nuevo borrador de dicha ley establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y amplía las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad.

El texto del anteproyecto de ley fue presentado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Como novedad, el texto indica que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida.

Para favorecer la expansión del transporte eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga. El anteproyecto establece además la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida de 50 kW en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata del 9 por ciento del total de la red de gasolineras.

El compromiso para 2030 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 por ciento respecto a 1990; este objetivo es coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea, que pasaría del actual 40 por ciento a una horquilla entre el 50 y el 55 por ciento.

El anteproyecto fija también para 2030 generar el 70 por ciento de la electricidad con renovables y asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía provenga de esas fuentes de energía.

Se amplía el porcentaje de los presupuestos generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos climáticos y transición energética y la cantidad final será equivalente a la que se acuerde en la Unión Europea (UE), en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20 por ciento).

El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH); cada dos años, estas entidades deberán elaborar un informe con una evaluación de riesgos y oportunidades asociados a un sistema descarbonizado sobre las actividades de la entidad, estrategia y planificación financiera.

Asimismo, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio. Otra de las novedades es el título dedicado a la gobernanza y fija que los planes, estrategias y disposiciones que se adopten contra el cambio climático se desarrollarán bajo la participación de agentes sociales, económicos y público general.