El 25% de las ayudas directas de la futura PAC irán a premiar prácticas sostenibles

Principio de acuerdo entre las autoridades europeas para cerrar la negociación del marco que se aplicará desde 2023
Sede de la Comisión Europea en Bruselas. EFE
photo_camera Sede de la Comisión Europea en Bruselas. EFE

Tras años de negociaciones, las instituciones de la Unión Europea —Comisión, Consejo y Parlamento—alcanzaron el viernes un principio de acuerdo para cerrar la nueva política agraria común (PAC) que comenzará a aplicarse en enero de 2023. A la espera de ver si la próxima semana los Estados miembros dan o no su visto bueno al marco pactado para que cada país concluya el plan estratégico que trasladará los nuevos postulados al ámbito nacional, ya se conocen las principales claves.

Una de ellas es que cada Estado deberá reservar el 25% de las ayudas directas a dar apoyos adicionales a los ganaderos y agricultores que impulsen, de forma voluntaria, prácticas en pro de la sostenibilidad. Es la proporción de los fondos que finalmente tendrán que destinar a los llamados ecoesquemas, un menú de actuaciones para proteger el medio ambiente que cada país se encarga de definir y entre las que podrán elegir los productores para cobrar más.

Con todo, el acuerdo contempla que durante los dos primeros años de aplicación de la nueva PAC se puede destinar a ese concepto el 20% de las ayudas directas para adaptarse al nuevo escenario sin que quede dinero sin consumir.

El principio de acuerdo conocido este viernes también marca como novedad en la futura PAC la obligación de que los estados asignen una ayuda redistributiva de al menos el 10% de los pagos directos para apoyar a las explotaciones más pequeñas, con un peso muy importante en Galicia.

El objetivo de la medida es que las subvenciones estén mejor repartidas. Para ello, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario u optar por reducir progresivamente las ayudas a partir de los 60.000 euros por explotación y fijar un tope de 100.000 euros. Bruselas había planteado que esta segunda opción fuera obligatoria, pero la idea contó con la oposición de los gobiernos europeos. Defensor de imponer un techo a las ayudas, el sindicato Upa incide en que en España es "más que necesario" reconocen, para acabar con los grandes perceptores terratenientes y brindar más posibilidades a la agricultura y ganadería familiar.

El nuevo marco también establece un nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores del 3% del presupuesto de cada país, para agricultores y ganaderos menores de 40 años.

En cuanto a los planes estratégicos nacionales, los Estados tienen hasta el 31 de diciembre de este año para presentar sus proyectos. La Comisión Europea tendrá después seis meses para evaluar y aprobar, si corresponde, los planes que se aplicarán desde 2023.

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