Más de 3,32 millones de profesionales por cuenta propia en el Estado, de los cuales 67.900 operan en la provincia de Pontevedra, están pendientes de la reforma del sistema de cotización del Régimen especial de autónomos (Reta) que la Seguridad Social negocia con Upta, Ata y Uatae y que ajustará su contribución a sus ingresos reales. Se trata de una reivindicación histórica, cuya aplicación empezará a desplegarse en 2023. A cambio de las ayudas millonarias del Plan de Recuperación, el Gobierno acordó con la UE que el marco estará aprobado y publicado en el Boe en el segundo trimestre de este año.
"Aunque a veces se oiga ruido, las negociaciones van bien y son continuas, por lo que esperamos que la reforma vea la luz pronto", recalcó esta semana Escrivá.
Para tratar de dar la vuelta a un modelo en el que, actualmente, el 84% de los afiliados al Reta (y que son personas físicas) cotiza por la base mínima –situada este año en 960,6 euros, lo que deriva en una cuota de 294 euros al mes–, el día 13, el ministerio presentó una propuesta. Supondría implantar de forma gradual, entre 2023 y 2031, un sistema basado en 13 tramos de rendimientos ligados a unas cuotas que, una vez que se la reforma complete su desarrollo, oscilarían entre los 183,6 euros que abonarían dentro de nueve años aquellos cuyos ingresos sean iguales o inferiores a 600 euros al mes y los 1.266,66 que se pagarían al superar los 4.050 euros.
Para fomentar el emprendimiento, se mantendría la tarifa plana de 70 euros durante dos años a aquellos profesionales que, en sus inicios, ingresen menos del SMI. Así, se acabaría con la ausencia de topes de ingresos actual para acceder a este incentivo.
Para amoldar la contribución social a las fluctuaciones de la facturación, el borrador contempla que el autónomo pueda cambiarse de base de cotización hasta seis veces al año. Luego, la idea es realizar una regularización al final de cada ejercicio fiscal de tal manera que, una vez que la Agencia Tributaria conozca los rendimientos obtenidos en el año anterior, la Seguridad Social comprobará que la base de cotización se correspondió con el nivel de ingresos. De ser inferior, al trabajador le tocará poner la diferencia. Si pagó de más tendrá derecho a devolución o podrá renunciar a ella, acumulándola.
Esa primera hoja de ruta del ministerio, que defiende que con esto las pensiones del colectivo mejorarán, fija que a la hora de calcular, por ejemplo, la prestación de jubilación se tendrán en cuenta esas regularizaciones de cuotas. La intención es realizar una revisión del modelo cada tres años, sin descartar acelerar su aplicación.
LOS INGRESOS, A DEBATE. A la espera de que este lunes vuelva a reunirse la mesa de negociación, está a debate qué rendimientos se deben tener en cuenta a la hora de fijar la base de cotización. El presidente de Upta, Eduardo Abad, lo tiene claro: los ingresos netos, esto es, el resultado de restar a la facturación los gastos y las deducciones aplicables. Dicho de otro modo: lo que se declara en el IRPF. "Para nosotros, no hay ningún tipo de confusión. Se está tratando de hacer ruido en lugar de cerrar la negociación", señala el vilagarciano.
Enfrente, el líder de Ata, Lorenzo Amor, sostiene que "asimilar la cotización a los rendimientos de las actividades económicas es desconocer que muchos autónomos no pueden deducirse gastos que sí tienen en la actividad porque la Agencia Tributaria no lo ha considerado así y pagarán el doble a la Seguridad Social". Crítico con la propuesta del ministerio, el cordobés afirma que el borrador supone "salir de un sistema injusto para entrar en otro mucho más injusto" y promete "pelear". Disconforme con los 13 tramos planteados con sus correspondientes cuotas, Amor augura que "para muchos la cotización subirá más de un 40%", sin que la actividad haya crecido en proporción.
LAS CUOTAS. El presidente de Ata tampoco concuerda con que el nuevo modelo tarde nueve años en desplegarse. "Aumenta las cuotas a más de la mitad del colectivo, hasta llegar a cuadruplicarlas en algunos casos, mientras que para los que más baja, ese descenso no se daría hasta dentro de nueve años y sería de solo un 20%", sostiene Amor. A su juicio, aquellos que tengan pérdidas o facturen menos del SMI deberían tener una cotización "prácticamente simbólica".
El borrador del Gobierno plantea que aquellos que ingresen 600 euros al mes o menos –que ahora abonan 294 euros– pasen a pagar 281,5 el próximo año para ir descendiendo, de forma progresiva, hasta los 183,6 euros en 2031. En el tramo de ingresos de 600 a 900 euros la cotización se recortaría de los 281,5 euros de 2023 a 244,8 al final de la transición, en tanto que quien facture entre 900 y 1.125,9 desembolsará 293,9 a lo largo de los nueve años, lo mismo que ahora.
Convencido de que el sistema actual, basado en la libre elección de la base de cotización hasta los 47 años, es "absolutamente injusto", el líder de Upta aporta un ejemplo. "Un pequeño autónomo que vende revistas en Vilagarcía paga ahora 294 euros de Seguridad Social, lo mismo que un farmacéutico con un local en el centro de Madrid. Es insostenible", concluye.
Partidario de acortar a seis años el calendario, Abad recalca que Upta ha trazado una propuesta que prevé que 1,4 millones de autónomos "paguen menos". La organización, que defiende una horquilla de cuotas entre 208,08 y 1.266,66 euros en 2031, plantea que el próximo año aquellos con rendimientos netos de 600 euros al mes o menos abonen 183,6 euros, 232,56 en el caso de los que se mueven entre 600 y 900 euros. Frente al plan de Escrivá, los que obtengan más de 2.330 euros harían un mayor esfuerzo.
