¿Te afectó el cártel de los coches?

Si compraste un turismo de alguno de los fabricantes sancionados por sus pactos para limitar los precios entre 2006 y 2013 puedes tener derecho a una indemnización. Estas son las claves
Vehículos en una autopista. DP
photo_camera Vehículos en una autopista. DP

Las autoridades de la competencia descubrieron en 2015 que las principales marcas automovilísticas presentes en el mercado español habían formado durante al menos siete años un cártel que hizo que los clientes pagaran más por los vehículos adquiridos de lo que abonarían de no existir pactos. Se impusieron multas a una veintena de casas por estas prácticas que superaban los 170 millones.

Los fabricantes presentaron recursos contra esas sanciones pero tanto la Audiencia Nacional primero como ahora el Tribunal Supremo las han ido ratificando. Esto ha abierto la puerta a reclamar por vía judicial el dinero pagado de más. Plataformas, organizaciones de consumidores y bufetes de abogados preparan acciones masivas para exigir compensaciones, a las que se pueden adherir los afectados. Estas son las claves del caso.

1. ¿Quién puede reclamar una compensación por daños?

Aquellos particulares, autónomos o empresas que entre febrero de 2006 y agosto de 2013 (tiempo durante el que se prolongaron las infracciones) compraron un vehículo de alguna de las marcas castigadas pueden tener derecho a ser resarcidos. De todos modos, hay que valorar cada caso. 

2. ¿Qué fabricantes fueron sancionados por sus pactos? 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó por su participación en el cártel que impidió a los consumidores beneficiarse de mayores descuentos al comprar un turismo a Volkswagen; Opel; Ford; Renault; Peugeot; Citroën; Seat; Toyota; BMW; el grupo Fiat, que integra también a Alfa Romeo y Lancia; Hyundai; Nissan; Mercedes; Kia; Volvo; Mitsubishi; Honda; Chevrolet; Skoda; Chrysler, Porsche y Mazda. Esta última quedó finalmente absuelta.

Las marcas involucradas representaban en torno al 91% del mercado. En todo caso, en coches de Mercedes, Mitsubishi, Porsche y Volvo puede ser más complejo reclamar por su grado de implicación en las prácticas.

La marca, el modelo y la fecha de compra son, por lo tanto, claves para saber si el propietario del vehículo tiene derecho a reclamar. La Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches, una asociación que desde 2019 trabaja en el caso junto con el bufete Cremades & Calvo-Sotelo y que prepara diferentes demandas para reclamar judicialmente una indemnización, ofrece en su web la posibilidad de comprobar si un coche está afectado.

Ya son más de 48.000 los perjudicados que se han adherido a esta plataforma para tratar de obtener una compensación. 

3. ¿Qué documentación hay que tener para acreditar daño?

El juez querrá acreditar que el demandante era el titular del turismo y el precio que pagó por él. Así, se requerirá la ficha técnica y sería fundamental contar con la factura de compra. En su ausencia, se podría intentar presentar documentos que justifiquen la adquisición, como el resguardo de la transferencia bancaria o papeles de la financiación del coche.

El objetivo en un procedimiento judicial será mostrar el importe que tendría que haber pagado el afectado en condiciones de libre mercado. Para determinar el sobreprecio será crucial en informe pericial.

4. ¿En qué fase está todo y cuál es el plazo para reclamar?

A falta de que el Supremo avale las últimas sanciones, el proceso de cara a una posible reclamación judicial está arrancando. La Agrupación de Afectados lleva tiempo trabajando en esa vía, pero antes de presentar demandas tratará de llegar a un acuerdo con los fabricantes para que resarzan a los afectados sin que lo dicte una sentencia. Así lo explica el socio director de Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia, Atilano Vázquez. 

¿Y hasta cuándo hay de margen para reclamar? No es posible dar una respuesta clara a esta pregunta. El problema radica en que la directiva europea en materia de competencia y la ley española que la traspone, y que establecen un plazo de cinco años son de 2014 y 2017 respectivamente, posteriores por lo tanto a los hechos sancionados.

Si no se puede aplicar ese marco, Atilano Vázquez explica que habría que acudir al Código Civil, que fijaría para este caso un periodo de un año para reclamar desde la firmeza de la multa para cada marca. Las primeras se confirmaron el pasado mes de mayo. 

5. ¿Y si el coche era un Km0 o lo he vendido puedo reclamar?

El cártel condicionó también el precio de los Km0 y el comprador tendría derecho a reclamar, pero resultaría más difícil acreditar el daño y conseguir una compensación. En el caso de un vehículo nuevo, aunque el comprador ya lo haya vendido puede exigir la indemnización, pues en su momento pagó más de lo que correspondería en un mercado con competencia, saliendo perjudicado.

6. ¿Es viable o compensa reclamar a título individual? 

El dinero que el afectado recuperaría lo tendría que destinar en su mayor parte a contratar un abogado y un perito si reclama solo. Además, las posibilidades de éxito en grupo pueden ser mayores. Quien se adhiera a la Agrupación de Afectados no tiene que pagar nada por adelantado y, en caso de que se consiga un acuerdo o indemnización, los abogados se llevarán el 30% más Iva de lo conseguido.

Organizaciones como la Ocu también pretende lanzar una acción colectiva de resarcimiento de daños con "condiciones económicas ventajosas" y cada vez son más los bufetes, peritos y plataformas que anuncian su intención de dar la batalla ante la Justicia. 

El afectado puede recuperar entre el 10 y el 20% del valor de vehículo 
Se estima que la indemnización a los afectados por el cártel de fabricantes de coches podría oscilar entre el 10 y el 20% del valor del vehículo, a lo que habría que añadir los intereses legales. De todos modos, dependerá de cada caso concreto. En el caso del cártel de los fabricantes de camiones, los jueces acabaron por aplicar un porcentaje estándar del 10% en las sentencias. La cuantía media que se calcula que podrían recuperar los afectados es de 2.500 euros. 

Particulares y empresas adquirieron más de 10 millones de vehículos nuevos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 en España. Las firmas sancionadas intercambiaron información confidencial para controlar el mercado de la distribución de vehículos, la postventa y las reparaciones.

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