Alianza para llevar ante la Xunta cientos de contratos lácteos que no cubren costes

UU.AA., Asaga, SLG, Agaca y Fruga unen fuerzas para presionar a la industria ante los problemas de rentabilidad de muchas explotaciones
Vacas en una explotación ganadera. C. PÉREZ
photo_camera Vacas en una explotación ganadera. C. PÉREZ

La foto de las organizaciones y cooperativas del agro en Galicia unidas para lanzar un SOS ante los problemas de rentabilidad que sufren muchas explotaciones de leche volvió a repetirse este jueves después de algunos años.

Un frente común integrado por Unións Agrarias (UU.AA.), la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), el Sindicato Labrego Galego (SLG) y las asociaciones Agaca y Fruga anunció su propósito de denunciar ante la Xunta cientos de contratos con precios al ganadero que no cubren los costes de producción para que investigue y se abran expedientes sancionadores.

Explican que esa práctica prohibida por ley se concentra sobre todo en las granjas de menor tamaño. Sostienen que las que entregan menos de 200.000 kilos, que suponen cerca de la mitad de las que siguen activas en Galicia, cobran entre un 17 y un 19% menos por cada litro de leche que el precio medio en la comunidad, lo que en dinero implica percibir 34 o 35 céntimos por litro frente a los 40 céntimos que, según un estudio impulsado por la Consellería do Medio Rural, les cuesta producirlo.

La conclusión sería que venden a pérdidas. El año pasado eran unas 3.600 las granjas que entregaban menos de 200.000 kilos.

El precio medio pagado por las entregas de enero fue de 35,9 céntimos por litro, lo que evidencia que la venta a pérdidas es una realidad

Esos casos flagrantes serán los que los representantes de los productores llevarán ante la Administración gallega, garantizando el anonimato de los ganaderos y señalando a las industrias.

¿Por qué acuden a la Xunta? Aunque todavía no está creada la Axencia de Información e Control Alimentario de Galicia, que se encargará de vigilar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria —la que prohibe la venta a pérdidas—, explican que ese marco normativo ya permite la inspección por parte de las comunidades y que el objetivo es ganar tiempo. Esa labor a nivel estatal la tiene ahora la Aica, pero la experiencia les dice que su actuación es demasiado lenta.

Medio Rural se compromete a "poñer en marcha as accións necesarias" sin esperar a que esté constituida la Aica gallega.  

El objetivo de las organizaciones es ejercer presión sobre las industrias para que en todos los casos se cubran los costes de producción, en pleno proceso de renovación de contratos y escalada incesante de los costes de producción. 

El hecho de que el precio medio pagado por las entregas de enero fuera de 35,9 céntimos por litro evidencia que la venta a pérdidas es una realidad. Quienes menos la padecen —o directamente no la sufren— son los titulares de las explotaciones más grandes. En la comunidad, unas 1.000 entregan más de 700.000 kilos, concentrando el 53% de la producción.

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