PSOE y Unidas Podemos alumbraron este martes los terceros presupuestos del Gobierno de coalición y últimos de la legislatura tras una intensa negociación que culminó con una entente al filo de la una de la madrugada del martes, un acuerdo que horas después escenificaron el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con una reunión en la que los socios sellaron el pacto que luego refrendó el Consejo de Ministros. La siguiente y decisiva parada: el Congreso, donde tocará recabar el apoyo de los socios de investidura.
A las puertas de un año marcado por las citas electorales, "fortalecer la clase media y trabajadora" y elevar la cobertura a los colectivos más vulnerables es el objetivo que el Gobierno atribuye a las cuentas. Se confeccionaron con un techo de gasto no financiero histórico de 198.211 millones de euros, comprendidos 25.156 millones de fondos europeos, y una previsión de que la recaudación crecerá un 7,7%, hasta los 262.781 millones, con el plan que incluye el nuevo impuesto estatal a los patrimonios de más de 3 millones, el aumento de la presión a las grandes empresas en el tributo de sociedades y los gravámenes a energéticas y banca.
La subida de las pensiones rondará el 8,5%
De los 485.986 millones que, en total, manejarán las administraciones el próximo año —un 7,6% más—, las pensiones serán la partida de gasto más intensiva al consumir 39,2 de cada 100 euros. El Gobierno ha presupuestado 190.687 millones, lo que supone un incremento del 11,4% para atender tanto a la incorporación de nuevos jubilados de la generación del baby boom como a la revalorización conforme al IPC.
Pese a que la patronal y otras voces reivindicaron integrar las prestaciones en el pacto de rentas que el Ejecutivo demandó, sin éxito, a los agentes sociales, este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, refrendó que las pagas de más de 10 millones de pensionistas subirán en línea con la inflación media anual que se registre en noviembre. Después de que el IPC se situase en el 9% en tasa interanual en septiembre —lo que ubica la media anual en el 8,75%—, el Gobierno estima que tocará incrementar la nómina en enero en un histórico 8,5%.
¿En qué se traducirá la subida?
En la comunidad, los beneficiarios de 767.908 pagas contributivas tendrán cubierto el coste de la vida. En el caso de la cobertura por jubilación —que copa el 63% de las prestaciones—, la subida media mensual será de unos 90 euros, lo que situará la mensualidad en unos 1.156 euros, tomando como referencia los 1.065 de septiembre.
Aparte, también subirá el ingreso mínimo vital para más 52.600 gallegos y las prestaciones no contributivas por jubilación o incapacidad que perciben otros 36.990 ciudadanos.
Fondos para la hucha de las pensiones
Por primera vez en 13 años, el Fondo de Reserva de las pensiones recibirá una inyección de 2.957 millones. Esta hucha —que llegó a acumular 66.815 millones en 2011 y a la que solo le quedan 2.138— recibirá una aportación del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Se trata de la herramienta con la que el Gobierno sustituyó el factor de sostenibilidad y que fija un incremento de las cotizaciones del 0,6% durante diez años para afrontar el incremento del gasto que entrañará la jubilación de la generación del baby boomers.
Montero aseguró que la factura de las pensiones no incrementará el déficit del sistema público. ¿Cómo? Por el incremento de los ingresos de la Seguridad Social vía cotizaciones que derivará de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Gobierno todavía no ha decidido.
Cae el gasto en desempleo pese a mejorar la prestación
Sustentándose en unas proyecciones que apuestan por que la tasa de paro disminuirá en 2023 del 12,8 al 12,2%, impulsada por un incremento de la generación de empleo del 2,9% que situará el número de ocupados en los 21 millones, la única partida del gasto social que se contraerá será la de las prestaciones por desempleo.
Habrá 21.278 millones, un 5,3% menos que este año. Aun así, entre las novedades figura una mejora de la cobertura. A partir del sexto mes en paro se cobrará el 60% de la base reguladora, en lugar del 50%, un recorte que instauró la reforma laboral del PP en 2012. Este martes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, estimó que, de media, supondrá el cobro de unos 100 euros más.
