Bruselas mantiene el veto a la pesca de fondo al menos hasta noviembre

Ese mes volverán a revisar los datos. España sopesa recurrir al TJUE 
El comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. EFE
photo_camera El comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. EFE

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha respondido a España, Francia e Irlanda que revisará la decisión de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas si así lo avalan los datos científicos que se harán públicos el próximo noviembre, después de que estos países pidieran al Ejecutivo comunitario la revisión de la decisión. 

"Esperamos el primer dictamen científico revisado en noviembre y si se justifica se revisará el cierre de ciertas zonas", ha señalado Sinkevicius en un debate con los ministros de Agricultura y Pesca de la UE, durante cuya intervención ha advertido de que no se puede "anticipar el contenido de la recomendación científica". 

En este sentido, el comisario se refiere a la publicación el próximo noviembre por parte de el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (Ices, por sus siglas en inglés) de un informe de evaluación de esas zonas marinas vulnerables. 

"La Comisión entiende perfectamente que este acto de Ejecución no haya sido bien recibido por todos los interesados", ha indicado el comisario de Pesca, que ha recalcado que es la "mejor decisión posible" ya que se basa en el "mejor dictamen científico disponible" y en los "mejores" y "más recientes" datos. 

Respecto a la queja manifestada por algunos países de que la decisión se basa en datos científicos desactualizados, Sinkevicius ha respondido que el informe se ha basado en los datos proporcionados por los Estados miembros del ICES. 

"Estamos al inicio de un proceso. Puesto que se va a revisar este informe científico cada año para tener en consideración los datos más recientes de los Estados miembro", ha indicado el comisario de Pesca. 

En un paso más, Sinkevicius ha recordado que esta decisión se ha tomado con cuatro años de "retraso" y ha añadido que se ha analizado la actividad pesquera en determinadas zonas antes de proceder "proteger los ecosistemas vulnerables". 

"Nuestros científicos han visto que los buques faenaban mucho en donde estaban establecidos los ecosistemas vulnerables", ha explicado el comisario de Pesca, que ha justificado que la decisión pretende "maximizar la conservación, minimizando el impacto económico" en la actividad pesquera. 

Además, Sinkevicius ha incidido en la "obligación legal de revisar estos cierres anualmente y lo vamos a hacer", y ha quedado a la espera de recibir los datos de 2023. 

En su intervención en el debate, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el informe del ICES que se tomó como referencia para adoptar esta decisión "no es actual" y que, además, " incluye modalidades como el palangre de fondo que no estaban consideradas". 

Ante lo cual ha solicitado al Ejecutivo comunitario que "suspenda la aplicación del reglamento", que entra en vigor el próximo 9 de octubre, y que "incluye modalidades como el palangre de fondo que no estaban consideradas".

España sopesa recurrir al TJUE

A su llegada a la reunión a Veintisiete, además, el ministro español ha avisado de que el Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver esta controversia, si considera que hay una base jurídica sólida que permita dar este paso. 

"Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que, efectivamente, esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia europeo", ha razonado Planas en declaraciones a la prensa. 

La Xunta pide celeridad en el recurso

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha señalado este lunes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe recurrir "lo más pronto posible" el reglamento de la Comisión Europea.

En declaraciones a la prensa en un acto en Ribeira, ha dicho que, de confirmarse "la negativa del comisario a suspender la ejecución de este reglamento", en su departamento exigen que el Ministerio "necesariamente" deberá presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar que se ejecute dicho veto el próximo 9 de octubre.

Desde la Xunta insisten en que este recurso es la fórmula adecuada para "conseguir una suspensión temporal de la aplicabilidad" del reglamento, tal y como demanda el sector.

Para ello, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, cuenta con "el apoyo de las comunidades autónomas que están afectadas" por la limitación que Europa quiere poner al sector de la pesca de fondo, ha asegurado Quintana. 

Así las cosas, la conselleira ha remitido a una reunión que el próximo viernes mantendrán los representantes del País Vasco, Asturias, Cantabria, Andalucía y Galicia para "analizar con los representantes políticos qué posibles acciones se pueden poner en marcha para acompañar al Estado y defender los intereses del sector pesquero".

En la visita a Ribeira, la conselleira ha remarcado que en el caso concreto de esta localidad costera, el veto a la pesca de fondo afecta directamente a una treintena de buques entre arrastreros de litoral y palangreros de Gran Sol y a cerca de 300 tripulantes.

A estos habría que sumar unas 25 embarcaciones de artes menores potencialmente afectadas por el desplazamiento de flotas, el solapamiento de zonas o la posibilidad de que la prohibición se amplíe en el futuro a nuevas áreas o artes de pesca.


Garzón: "Es la primera noticia que tengo"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este lunes en Vigo desconocer la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico. 

"La verdad es que no tengo información suficiente para responderte porque es la primera noticia que tengo, me informaré y responderé cuando lo sepa" ha dicho Garzón, cuando fue preguntado respecto a su opinión sobre la decisión de la Comisión Europea, que ha causado un notable revuelo en Galicia.

Garzón ha visitado esta mañana en Vigo el Laboratorio Nacional de Biotoxinas Marinas de Vigo, referente a nivel europeo en el control y análisis de estas sustancias tóxicas, en el que el Gobierno invertirá 1,3 millones de euros. 
 

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