Pese al colchón desplegado por las administraciones para amortiguar el impacto de la pandemia y de la guerra de Ucrania en el tejido productivo gallego, con los expedientes de regulación temporal de empleo, la concesión de ayudas directas y medidas como las líneas de financiación con avales del Instituto de Crédito Oficial (Ico) o las moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social e incluso de préstamos, los problemas de liquidez comienzan a aflorar y la viabilidad de algunos proyectos se ve tensionada. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (Ige), entre enero y mayo un total de 129 empresas entraron en concurso de acreedores en la comunidad, un 16,2% más que en el mismo periodo de 2021.
En un escenario complejo por la crisis energética y la inflación galopante, la propia patronal gallega CEG reivindica ya ampliar el periodo de carencia más allá de finales de este mes para todas las empresas que solicitaron financiación con garantía del Ico con el fin de retrasar más el inicio del pago de las cuotas. El decreto anticrisis que el Ejecutivo central aprobó en marzo y que ahora se dispone a extender al menos hasta septiembre incluyó una carencia adicional de seis meses limitada a cuatro de los sectores más afectados por las consecuencias del conflicto bélico: el transporte por carretera, la agricultura, la ganadería y la pesca.
A esto se suma otra circunstancia: la finalización, también el 30 de junio, de la moratoria por la cual se eximió a las empresas en situación de insolvencia del deber de solicitar el concurso voluntario, al igual que se fijó la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario presentadas por acreedores. ¿El objetivo? La medida, que se ha mantenido por unos dos años, buscó dar la oportunidad a las compañías de tomar oxígeno y tratar de reequilibrar sus cuentas ante unas crisis detonadas por factores exógenos, ajenos a la gestión de los negocios.
En Pontevedra se presentaron 13 concursos de autónomos y otros 17 que tocan a sociedades mercantiles en el primer trimestre, según el CGPJ
A falta de que el Ejecutivo aclare si extenderá o no algunas de estas herramientas, en la segunda mitad del año llegará otra novedad: la entrada en vigor de la reforma concursal, que introduce importantes novedades, como la regulación de un nuevo procedimiento exprés aplicable incluso a las micropymes.
Aunque la banca descarta, al menos de momento, un repunte intenso de la morosidad, lo cierto es que las suspensiones de pagos decretadas hasta mayo prácticamente igualan las que se registraron en 2019, cuando se contabilizaron 128, y representan la cifra más elevada en siete años.
PONTEVEDRA. En cuanto a la radiografía por provincias, los últimos datos son los del Consejo General del Poder Judicial referentes al primer trimestre y revelan que en Pontevedra se presentaron 13 concursos de autónomos y 17 que tocan a sociedades mercantiles.
