Después de la finalización el 30 de junio de las sucesivas prórrogas de la moratoria concursal decretada en marzo de 2020 por el Gobierno para dar margen para recomponer sus finanzas a las empresas cuya cuenta de resultados se vio primero lastrada por el estado de alarma y la pandemia y, luego, por el impacto de la guerra de Ucrania, el panorama presenta claroscuros.
Según Informa D&B, en septiembre en los juzgados gallegos se solicitaron 40 concursos de acreedores, lo que duplica de largo los 15 computados en el mismo periodo de 2021 y constituye la cifra mensual más elevada desde que arrancan los estudios de la consultora en 2015. Abriendo más el objetivo, se observa un incremento del 19,8% de los procedimientos registrados desde enero, con un total de 206.
Tomando como base la información que maneja el Consello Galego de Economistas y ante la crisis inflacionaria, los economistas y abogados Isaías González García y Ramón Juega Cuesta anticipan "una solicitud masiva de concursos de acreedores de personas físicas y, por otra parte, pymes con ausencia total o prácticamente residual de bienes y derechos, lo que se denomina concursos sin masa". Los dos juristas, que recientemente dirigieron en Santiago la organización del XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal —que reunió a más de 200 expertos—, auguran que estas dos tendencias se extenderán a 2023, para cuando se prevé que a "multitud de compañías" no les quede otra que reestructurar sus deudas judicialmente. "Con la respiración asistida de las distintas moratorias, continuaron operando en el tráfico mercantil pese a su estado de insolvencia y amparadas por la dispensa del deber que se impone al empresario de acudir a la vía concursal cuando conozca, o debiese conocer, que no puede o no va a poder atender las deudas contraídas con sus acreedores", señalan los dos letrados.
El repunte de estos procedimientos llega después de que el Congreso aprobase a finales de agosto la reforma de la Ley Concursal que, entre otros aspectos, pretende impulsar "la preconcursalidad", lo que también ayudaría a no acentuar el colapso en los juzgados. Juega y González explican que se trata de que las empresas alcancen acuerdos de reestructuración con sus acreedores para evitar así tener que suspender pagos e iniciar el proceso judicial. Además de enfocarse a los negocios que ya sean insolventes o que vayan a serlo de forma "inminente", la idea es abarcar "un nuevo supuesto de probabilidad de insolvencia", que englobaría a aquellos empresarios que, en ausencia de un plan de reestructuración, vislumbren que puedan ser incapaces de atender las obligaciones que vayan venciendo a dos años vista.
AGILIDAD
Además de buscar aumentar la agilidad de los procesos concursales y de tratar de favorecer la segunda oportunidad, el nuevo marco crea un procedimiento especial para autónomos y microempresas. "Se trata de un sistema basado en la puesta a disposición de formularios electrónicos, intervención mínima de profesionales, reducción de plazos y plataformas tecnológicas de liquidación de activos", indican los expertos. Está pensado para negocios que facturen menos de 700.000 euros, con menos de 10 empleados y con un pasivo de hasta 350.000 euros.
76%
Es la ratio de empresas que se acogieron al concurso en septiembre en España y que, en el mismo día, pidieron la liquidación. Informa D&B señala que se trata de un dato sin parangón en lo que va de década. Refleja el volumen de firmas que operaron como zombis con la moratoria.
Deudas públicas
Entre los lastres que arrastra la nueva Ley Concursal, en vigor el 26 de septiembre, figura que se "restringe más de lo deseable" la posibilidad de que más autónomos y particulares se acojan a la segunda oportunidad. Los expertos admiten que la protección de la vivienda habitual y "la resistencia de las deudas públicas" –esto es, las que se tienen con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, por ejemplo– impedirán aplicar "el perdón de las deudas en muchos supuestos".
