El Consejo de Ministros dio este martes luz verde, en segunda vuelta, al proyecto de ley que contiene el primer paquete de medidas para reformar el sistema público de pensiones, que hoy por hoy supone un desembolso mensual de más de 10.200 millones de euros para abonar más de 9,86 millones de prestaciones solo en el régimen contributivo. El texto pone ahora rumbo al Congreso para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor antes de que acabe el año.Además de ligar la revalorización anual de las pagas al índice de precios al consumo (IPC) medio del año anterior, entre los principales cambios figuran la creación de nuevos incentivos para retrasar la jubilación y un nuevo sistema para penalizar el retiro anticipado con el fin de acercar la edad efectiva —que el pasado junio se situó en 64,7 años en el conjunto de España— a la legal, que en 2027 alcanzará los 67 años.
Además, se introduce como novedad que las clases pasivas —esto es, los funcionarios de la Administración General del Estado, de la de Justicia, las Cortes Generales, los transferidos a las autonomías, los militares de carrera y quienes fueron altos cargos del Ejecutivo central— también se beneficiarán de la actualización de sus prestaciones conforme al IPC.
Según los datos de la Seguridad Social, en julio se abonaron 670.921 prestaciones a este colectivo, lo que exigió un desembolso de 1.220,7 millones de euros. De ellas, 47.698 se pagaron en Galicia, con una media de 1.811 euros por paga. La estadística revela que, para un jubilado funcionario civil cuya cobertura se rige por la legislación de 1985 en adelante, la nómina mensual media asciende a 2.200 euros. Un militar al que también afecte la normativa más reciente rebasa los 2.100.
En cambio, un jubilado que cotizó por el régimen general y que empezó a cobrar en junio percibió unos 1.451 euros de media en el Estado, una pensión que se quedó en 830,9 euros en el caso de los autónomos que dejaron la actividad. En esta línea, los pensionistas de clases pasivas estarán sujetos a los mismos incentivos si resuelven prolongar su vida activa.
Otra de las claves del texto es que busca reforzar la estructura de ingresos del sistema al fijar que los presupuestos generales incluirán cada año una transferencia del Estado a la Seguridad Social para financiar diversos conceptos de cara a completar la separación de fuentes de financiación. Por otra parte, el Gobierno se compromete a presentar otra norma en seis meses para crear la Agencia Estatal de la Seguridad Social.
El proyecto de ley, que recoge una parte de las recomendaciones aprobadas en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo en octubre de 2020, tendrá continuidad con el diseño del nuevo factor de equidad intergeneracional, que el Gobierno debe acordar con patronales y sindicatos antes del 15 de noviembre. Está llamado a sustituir el derogado factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de Rajoy en 2013 para ligar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los nuevos jubilados y que no llegó a entrar en vigor al congelarse su aplicación en 2019.
