En plena reestructuración del sector financiero, el Consejo de Ministros aprobó este viernes la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) con el objetivo de 'bancarizar' estas entidades, algo que hará posibilitando la entrada de capital privado para favorecer su solvencia, acabando con las injerencias políticas y profesionalizando la gestión de las mismas.
En sentido estricto, la decisión anunciada este jueves por Gobierno supone una apertura a la privatización de las cajas de ahorro, en las que entrará la iniciativa privada y se abogará por su despolitización al establecer el decreto-ley la incompatibilidad de los cargos electos para ser miembros de los órganos de gobierno e impedir la participación de representantes de la Administración Ejecutiva.
La principal novedad en la captación de capital será la emisión de cuotas participativas, que funcionarán de forma similar a la de las acciones en las sociedades anónimas, y que otorgarán derechos políticos a sus propietarios. Es decir, aquellos que se hagan con las cuotas, que nunca podrán suponer una cuantía superior al 50% del patrimonio de las cajas para evitar su "desnaturalización", tendrán la capacidad para tomar decisiones en los consejos de las entidades.
¿Que pasará con la función social?
Con esta nueva forma de capitalización las cajas se equiparan a los bancos, aunque desde el Gobierno han insistido en que ello no supondrá la pérdida de su "función social, de los intereses generales ni de su obra fundacional". No obstante, desde Izquierda Unida ya han criticado la reforma por "privatizar" una institución del siglo XIX, social y redistributiva.
Además de las cuotas de participación, las cajas tendrán otros medios para mejorar su solvencia económica. Así, podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) o realizar su actividad a través de un banco, convirtiéndose en una fundación y traspasándole el patrimonio correspondiente a su actividad financiera. Desde esta fundación se entiende que realizarían la obra social y de beneficencia.
Para fortalecer la toma de decisiones, la reforma contempla la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes en los órganos de gobierno para decidir el funcionamiento de las cajas y los virajes en su gestión.
La profesionalización del sector pasará, de forma encubierta, por la limpia de políticos en los puestos de jerarquía y se completará con el establecimiento de una regla que obliga a que la mitad de los miembros del consejo de administración acrediten cualificación y experiencia en el sector.
Reacciones encontradas
Si la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca) aplaudió la "rapidez" y el "amplio consenso" alcanzado con los partidos políticos y el sector para aprobar el proyecto, tanto los sindicatos como Izquierda Unida han criticado el carácter "privatizador" de la medida.
El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, aseguró que se trata de "uno de los mayores escándalos" económicos y consideró "inaceptable" que el Gobierno haya dedicado 13.500 millones de euros al saneamiento público de las cajas y ahora "regale" al capital privado ese dinero público.
Por su parte, UGT y CCOO, que este jueves se reunieron con la ministra de Economía, Elena Salgado, coincidieron en señalar la intención de convertir las cajas de ahorros en bancos privados, algo que se ha hecho, dijeron, sin consenso y con prisas.
En cualquier caso, con la reforma de la Ley de Cajas, que databa de finales de los 70, ahora se abre la posibilidad de un sector financiero de muchas caras, con cajas de ahorros que decidan convertirse en bancos, bancos con fundaciones bajo su ala, y cajas con presencia de capital privado en sus órganos de gobierno.
