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El Gobierno aprueba la reforma de la estiba a una semana de la huelga convocada en los puertos

Puerto de Cádiz
Puerto de Cádiz
El ministro de Fomento llama a los grupos parlamentarios y al sector a lograr acuerdos que eviten los paros

El Gobierno ha aprobado el real decreto ley de reforma de la estiba portuaria, el colectivo de 6.150 trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos, con el fin de liberalizar el sector y que cumpla así con la normativa europea. La reforma se aprueba con el rechazo de los estibadores, que tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo, y mientras sigue abierta la negociación entre patronal y sindicatos del ramo en busca de acuerdos.

Tras su aprobación este viernes por el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene ahora con un mes para buscar los apoyos de los grupos políticos con los que aún no cuenta para lograr que la reforma logre la necesaria convalidación del Congreso. Por todo ello, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, aseguró que la aprobación del texto "no es el final del proceso", sino que abre el turno de la negociación colectiva y parlamentaria.

Así, pidió a patronal y sindicatos que "intensifiquen" su negociación para llegar a acuerdos sobre las reivindicaciones de los estibadores que la Comisión Europea no permite incluir en la ley y que, en último término, pueden evitar la huelga en los puertos. De igual forma, apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para que "favorezcan" la convalidación de la reforma y contribuyan al acuerdo del sector, evitando que el "ruido político" interfiera en su negociación colectiva.

Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen anual valorado en unos 200.000 millones



El ministro advirtió de que una huelga en los puertos puede suponer un grave perjuicio en la economía, si bien asegura contar con un plan de contingencia para el caso de que se lleve a cabo. También avisó de que no aprobar la reforma en el Congreso abocará a un "escenario de bucle sin fin" en el sector y a que el Tribunal de Justicia de la UE imponga a España una multa de 21,5 millones de euros y una sanción diaria de 134.000 euros por cada día que pasara hasta que se reformara el sector. "Importes que recaerían sobre el bolsillo de todos los ciudadanos", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

TRES AÑOS. De la Serna recordó que el Gobierno está "obligado" a acometer la reforma para cumplir con un mandato de la UE que data de 2011 y evitar dicha sanción.
No obstante, también defiende que el cambio permitirá liberalizar la estiba para que deje de ser el "único sector económico del país en el que las empresas no pueden contratar libremente a sus trabajadores" y aumentar así la competitividad en los puertos.

El decreto establece un periodo de tres años para que paulatinamente desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios



La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones. El real decreto aprobado este viernes establece un periodo de tres años para que paulatinamente desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, las firmas que en la práctica monopolizan el sector. De ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y, además, controlan su contratación por parte de las empresas que operan en las instalaciones portuarias.

La reforma contempla que las Sagep se reconviertan en Centros Portuarios de Empleo, firmas con carácter de ETT, o que las empresas que utilizan los puertos contraten directa y "libremente" a los estibadores que necesiten. El texto legal reconocerá la capacitación como estibador a todos los trabajadores del ramo que acrediten cien jornadas de trabajo, a pesar de que no cuenten con la formación o titulación requerida para ello. Además, el Gobierno, a través de Puertos del Estado, garantiza su antigüedad y sus indemnizaciones en caso de despido, un compromiso estimado en unos 350 millones de euros.

La CIG prevé que la liberalización beneficie a multinacionales extranjeras



El ministerio considera que estos dos puntos contribuirán a garantizar los empleos del sector y a fomentar que las empresas subroguen a los trabajadores, una de las principales reivindicaciones que plantean los sindicatos del ramo (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC OO, UGT, CIG y CGT), que han ratificado los paros convocados contra la reforma.

La convocatoria comprende nueve días de paros parciales a partir del 6 de marzo que, dado que están programados de forma alterna, se extenderán durante tres semanas. En concreto, están previstos para las horas impares de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 del próximo mes de marzo.

PONTEVEDRA. El secretario de CIG-Mar, Xabier Aboi, ha denunciado que el decreto de liberalización de la estiba en los puertos españoles, aprobado por el Gobierno, beneficiará "únicamente" a las multinacionales de capital extranjero. En una rueda de prensa celebrada en Pontevedra, Aboi ha calificado esta normativa como una "barbaridad" con la que "ni siquiera" está de acuerdo la patronal al completo, ya que ha desvelado que muchos empresarios del sector no respaldan esta "reforma exprés".

Tras preguntarse si con este decreto el Gobierno quiere "militarizar" los puertos, el portavoz sindical ha recordado que esta reforma ha provocado la convocatoria de una huelga en el sector, a partir del próximo 9 de marzo. La CIG asegura que el sueldo base de los estibadores "no llega" a mil euros y que el dinero adicional que ingresan es según su productividad, trabajando durante fines de semana, tal y como se establecía en el convenio aprobado por unanimidad por la patronal recientemente. El sindicato nacionalista entiende que estas condiciones laborales se verán empeoradas con esta nueva regulación aprobada por el Gobierno.

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