Reducir la tasa temporalidad a un máximo del 8% al tiempo que, antes de finales de 2024, se prevé dar estabilidad a unos 300.000 interinos de larga duración. Son los objetivos del decreto que el Gobierno aprobó a inicios de julio tras llegar a un acuerdo con CC.OO., UGT y CSIF.
El reto no es pequeño, pues la encuesta de población activa revela que la tasa de eventualidad en el sector público se halla en máximos históricos al haber alcanzado el 30,6% en España, con 1,05 millones de trabajadores, una cifra que se ha disparado con los refuerzos de la pandemia en áreas como la sanidad, la educación y la atención a mayores y dependientes. En Galicia, son 57.800 los asalariados temporales, el 29,3% del total. En este caso, solo en el tercer trimestre de 2008, en los primeros compases de la anterior crisis, fueron más: 60.900 (entonces, eran el 30,2%). La falta de estabilidad es incluso mayor que en el sector privado, con una ratio de eventualidad del 22,7% en Galicia y del 23,6 en el Estado.
El texto, que se tramitará en el Congreso como proyecto de ley —lo que permitirá introducir cambios con la vista puesta en aprobarlo a mediados de octubre— incluye aspectos que no convencen a todos. Entre los puntos cuestionados está que aquellos que lleven más de diez años ocupando de forma ininterrumpida una plaza estructural que no se haya sacado a concurso se consoliden en su puesto de forma automática, esto es, sin pasar una oposición. Bastará con la valoración de méritos.
Sindicatos y plataformas de trabajadores ven los cambios en el nuevo decreto "discriminatorios" e incluso "inconstitucionales"
Este supuesto, que el Gobierno incluyó en el texto para conseguir el apoyo de ERC para convalidar el decreto, ha suscitado las críticas de los sindicatos firmantes del acuerdo inicial y de plataformas de trabajadores, que ven los cambios "discriminatorios" e incluso "inconstitucionales" para, por ejemplo, los sanitarios y profesores que durante años encadenaron contratos cubriendo varios puestos. También cuestionan que el límite se haya puesto en diez años cuando el Supremo (TS) y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) han dejado claro que la temporalidad que rebase los tres años es excesiva.
En su redacción actual, el decreto fija que el resto de eventuales deberán acudir al proceso selectivo que se convoque para cubrir su plaza, una prueba en la que su experiencia tendrá un peso del 40%. Aquellos que no superen el examen, serán indemnizados con 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Además, las administraciones tendrán en su mano fijar que las oposiciones no sean excluyentes para integrarse en bolsas de interinos específicas o ya existentes.
En esta situación, a través del despacho Navas&Cusí, el colectivo Empleados públicos en abuso (Epa) interpuso el 24 de julio una denuncia ante el TJUE para forzar a la Comisión Europea a pronunciarse sobre el abuso de la temporalidad en el sector público después de que Bruselas abriese un expediente sancionador a España en 2013. El bufete ve insuficiente la última sentencia del TS, que en junio revisó su criterio y declaró que las interinidades para cubrir una vacante no pueden exceder los tres años y que, traspasado ese plazo, el trabajador debe ser reconocido como indefinido no fijo.
Esta docente, accedió al consorcio —integrado por la Xunta, 284 concellos y cinco mancomunidades para gestionar la red de escuelas infantiles y la de centros de atención a los mayores y la dependencia, entre otros servicios— cuando la llamaron para cubrir una plaza en 2008, un año después de aprobar la oposición, pese a lo cual se quedó sin plaza.
María, que reivindica la "fijeza" como la solución que debería aplicarse, relata que ocupó esa vacante de forma ininterrumpida sin que se convocara el preceptivo concurso de oposición hasta que en 2013 el ente público decidió amortizarla. "No obstante, siguieron necesitándome, porque me situaron en otro sitio. De hecho, tengo reconocidos los trienios desde 2008". La trabajadora sostiene que el ente público con "un índice más alto de fraude de ley es el Consorcio, pues de los 2.000 trabajadores, 1.700 están en esta situación".
Descontenta con la reforma impulsada por el Gobierno, al entender que incurre en "discriminaciones", reivindica que los empleados sean reconocidos como indefinidos, que "no como funcionarios", una vez que hayan transcurrido tres años sin convocar la plaza que ocupan. "Tenemos más que demostrados los méritos", recalca.
41%. Es la ratio de temporalidad que existe en el sector público en el País Vasco, el nivel más alto del Estado. Madrid tiene el más reducido, del 25,9%.
Marcha a Santiago por la fijeza. Trabajadores públicos de varios puntos del país han lanzado una iniciativa en las redes sociales bajo el lema Temporales en Lucha! A Santiago por la fijeza!. El domingo 29 confluirán en el Obradoiro para reclamar la estabilización de interinos, personal estatutario y temporales.
