El viento sopla en contra del desarrollo eólico en Galicia y, como consecuencia, el sector estima que en 2020 perdió unos 1.586 empleos por el parón de la construcción y en la fabricación de componentes, lo que dejó el total en 5.436 entre puestos directos e indirectos. Con una contribución a la economía que en 2020 alcanzó los 489,1 millones de euros —el equivalente al 0,84% del PIB gallego, la ratio más elevada a nivel autonómico—, 11 millones abonados en rentas de alquiler a los propietarios de los terrenos afectados y con un impacto fiscal de 106,4 millones, la Asociación Eólica de Galicia (Ega) lanzó este martes un nuevo SOS. "Estamos en situación de parada", afirmó el presidente de la patronal, José Manuel Pazo, que presentó un estudio de impacto económico y
social del sector, con Enrique Doheijo, de la consultora Deloitte.
Actualmente, operan en los montes gallegos 3.878 megavatios (MW), apenas 51 más que al cierre de 2020. Después de que en 2019 se instalasen 392 MW, la parálisis ha sido la tónica, mientras en el conjunto del Estado en los dos últimos años se construyeron unos 2.400 MW. Con la moratoria a la recepción de nuevos proyectos decretada por la Xunta hasta julio de 2023 y en un escenario en el que la UE ha sacado la artillería de los fondos Next Generation para llegar a 2030 con las renovables cubriendo el 32% del consumo de energía, Pazo instó a PPdeG, BNG y PSdeG a "poner encima de la mesa una planificación clara» para el desarrollo eólico. Incidió en que es posible acelerar la implantación de nueva potencia «desde el absoluto respeto ambiental y de los ciudadanos".
"Pedimos responsabilidad política", recalcó el empresario, que reivindicó que el sector pueda levantar del orden de 500 MW anuales en el próximo lustro. En esta línea, también reivindicó una "coordinación" entre Xunta y Gobierno central, visto que los parques de más de 50 MW se tramitan ante el Estado.
AXENDA ENERXÉTICA. El sector mueve ficha en un escenario en el que la Xunta está trazando la Axenda Enerxética Galicia 2030, que contempla una inversión de más de 630 millones de aquí a 2024 para, entre otros objetivos, incrementar el parque renovable para llegar al final de la década con las fuentes limpias representando el 58% del consumo de energía final (frente al 46% de 2020) y el 85% de la generación eléctrica. "Se habla de ahorro energético, de la eólica marina, del hidrógeno, pero no de lo que podemos hacer a corto plazo cuando somos los únicos que podríamos empezar a construir ya si las administraciones quieren", avisó el carballinés.
Preocupado por la contestación social generada ante los 3.500 MW en tramitación en la Xunta y el Estado, que el 5 de junio cristalizó en una manifestación en Santiago, el líder de la Ega apeló a la calma y reiteró que "no se van a ejecutar todos los parques". Además, recordó que la electrificación de la economía exige ensanchar la potencia instalada, al igual que el reto de suministrar «energía barata» a las industrias electrointensivas.
En este sentido, Pazo incidió en que trazar una planificación es clave para que se pueda instalar potencia en las áreas de transición justa —como As Pontes o Meirama, afectadas por el cierre de las térmicas—, donde se pretende levantar macroparques para suministrar energía a buen precio a fábricas como Alcoa mediante contratos bilaterales (PPA). El hecho de que no figuren en el Plan Sectorial Eólico, aprobado en 1997 y modificado en 2002, podría ser un obstáculo.
Y para que se reactive la inversión y se exploren campos de futuro como la eólica marina, la Ega demanda, asimismo, "seguridad jurídica". Lo hace después de que el TSXG dictase alguna sentencia contraria a la fragmentación artificial de parques y a la instalación en alguna zona afectada por incendios. La patronal incide en que "son temas que se pueden legislar" para dejar claro dónde se pueden levantar nuevas instalaciones.
La burocracia es el otro caballo de batalla. Los promotores reivindican poder tramitar las repotenciaciones en un año y las nuevas instalaciones en dos —en lugar de los hasta 10 años que tardan actualmente— para que la tecnología no se quede caduca por el camino.
La burocracia es el otro caballo de batalla. Los promotores reivindican poder tramitar las repotenciaciones en un año y las nuevas instalaciones en dos —en lugar de los hasta 10 años que tardan actualmente— para que la tecnología no se quede caduca por el camino.
De desgranar los datos del estudio se encargó Doheijo, que explicó que con un ritmo de construcción de 400-500 MW al año Galicia podría generar hasta 3.860 empleos anuales. También apuntó al potencial de la eólica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que en 2020 se plasmó en una reducción de las importaciones de combustibles por valor de 255 millones de euros y en el ahorro de 128 millones en derechos de emisión de CO2.
Los molinos con más de 20 años suman el 32% de la potencia
La Ega apunta que unos 1.259 MW, esto es, algo más del 32% de la potencia instalada en los 180 parques gallegos, se sustenta en tecnología con más de 20 años, por lo que varios podrían ser objeto de repotenciaciones sustituyendo los molinos obsoletos por máquinas con mayor potencia.
Menos papeleo e incentivos fiscales
Pese a acoger de forma positiva la línea de ayudas por valor de 150 millones que el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sacar a audiencia pública para impulsar las repotenciaciones y el reciclaje de palas, el presidente de la Ega pide dar un paso más. "Pedimos tramitaciones urgentes. Necesitamos otro tipo de incentivos fiscales y agilidad administrativa", recalcó Pazo, que admite que, por ahora, los promotores se limitan a "repoñer pezas ata que o momento sexa o apropiado".
3.000 € por MW
Es la renta media que se abona a los propietarios de predios afectados por la instalación de un aerogenerador, según la Ega. Las nuevas máquinas cuentan con una potencia de entre 4 y 5 MW, de lo que resultan compensaciones de entre 12.000 y 15.000 euros.
