España da el paso y pide a la Justicia europea tumbar las vedas a la pesca de fondo

El Gobierno no solicita la suspensión cautelar de la medida junto al recurso, que el TJUE puede tardar años en resolver
Flota de Gran Sol en el puerto de Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ
photo_camera Flota de Gran Sol en el puerto de Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ

A cinco días de vencer este sábado el plazo que tenía el Estado para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el reglamento de ejecución con el que Bruselas vetó la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico en profundidades de entre 400 y 800 metros, el Gobierno dio este lunes el paso en busca de que la Corte de Luxemburgo tumbe las vedas. Es la vía a la que se ha tenido que recurrir para tratar de anular la polémica norma que afecta especialmente a los pincheiros de Gran Sol después de que el Ejecutivo comunitario se negase a rectificar pese a la presión de países como España y del propio sector.

El Estado ha armado una demanda cargada de argumentos, pero la sentencia de la Justicia europea puede tardar años. Por eso, lo que reclamaba la flota era que, junto al recurso, se solicitase la suspensión cautelar de la medida, algo que no ha ocurrido. Bruselas tendrá la oportunidad de corregir el reglamento en la revisión que emprenderá a partir de mediados de diciembre, pero puede tardar meses y tampoco hay garantías de que vaya a suavizar el veto. Mientras, la flota trata de "aguantar", como señala el gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, Sergio López. Las vedas han abocado a los barcos afectados, sobre todo palangreros, a buscar nuevas zonas de pesca que tienen que compartir con otros buques, lo que genera tiempos de espera, colas y un descenso de las capturas y la rentabilidad.

Ahora, casi dos meses después de la entrada en vigor de las vedas el pasado 19 de septiembre, el Gobierno toca a la puerta del TJUE con una demanda que "pone de relieve las deficiencias de fondo y de forma en las que habría incurrido la Comisión Europea". Alega que el veto es "desproporcionado e injusto" no por basarse en la información científica más actualizada de la que se disponía y no evaluar las consecuencias socieconómicas de la decisión. El Ejecutivo sostiene que ese modo de proceder "vulnera los principios " de la Política Pesquera Común, que establece el "necesario equilibrio" entre la protección a la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible. Cabe recordar que el objetivo de las vedas es proteger ecosistemas marinos vulnerables.

El Gobierno esgrime además que se cerraron zonas de pesca al palangre sin medir su impacto en los fondos, convirtiéndola en el arte más perjudicada cuando el reglamento fue concebido para poner límites al arrastre.

El recurso también cuestiona el sistema empleado para fijar las vedas, pues sostiene que ha provocado que se cierren zonas "excesivamente amplias" y que afecta más a España "por su menor extensión de la plataforma continental".