Galicia ata un incremento de la superficie que podrá cobrar la PAC

El acuerdo que el ministerio aspira a sellar con las comunidades para el reparto de 47.700 millones entre 2023 y 2027 queda para el otoño
José González. EFE
photo_camera José González. EFE

El acuerdo que el Ministerio de Agricultura busca sellar con las comunidades para la aplicación de la futura política agrícola común (PAC) (2023-2027) se posterga al otoño. Con la tarea de trazar el plan estratégico nacional que España deberá presentar a la Comisión Europea (CE) antes de fin de año, el ministro, Luis Planas, se reunió ayer con los responsables autonómicos del ramo y, según explicó el conselleiro de Medio Rural, José González, "houbo moi boa sintonía", por lo que se mostró confiado en que el pacto cuaje "entre finais de setembro e inicios de outubro". Y es que el documento técnico que presentó el Gobierno central no contenta a todas las comunidades, entre ellas las de la Cornisa Cantábrica. En juego está el reparto de 47.724 millones de euros en esos cinco años.

Al término de la cita celebrada en Madrid, el representante de la Xunta celebró haber atado la regularización de unas 75.000 hectáreas de pastos y forrajes que los agricultores y ganaderos gallegos declaran al solicitar las ayudas de la PAC, si bien no cobran derechos por estos terrenos "por circunstancias históricas". González dejó claro que antes de abrir los derechos de la política agrícola comunitaria a nuevos cultivos, como frutas, hortalizas o viñedos, lo que beneficiará al sur, es necesario solventar la situación de Galicia. "Saímos co compromiso de que se vai regularizar esta situación pola vía da reserva nacional a partires de 2023 para que esas superficies pasen a cobrar", explicó, para luego recordar que Galicia es la comunidad con mayor déficit de superficie admisible, con un diferencial de un 30% sobre la media española.

Por su repercusión en las granjas gallegas, González también celebró la decisión de elevar las ayudas asociadas para el vacuno de leche en 23 millones a nivel nacional.

Al entrar en la reunión, advirtió que la Xunta entabla la negociación con "a liña vermella" de mantener al menos el mismo volumen de fondos para los agricultores y ganaderos gallegos —solo en ayudas directas este año 24.000 explotaciones se repartirán algo más de 170 millones de euros—.

También se marcó el reto de convencer al ministerio de que el nuevo modelo de PAC debe asimilarse más a la agricultura y ganadería que defiende la Cornisa Cantábrica, un paradigma basado "nas pequenas e medianas explotacións con base territorial e moi profesionalizadas", en consonancia con las líneas que marca Bruselas. A la vista del documento del ministerio, el conselleiro constató que «o modelo proposto é máis propio do sur e do Levante". "Non quero entrar nunha batalla de territorios, pois todos somos españois, pero debemos ter unha postura conxunta", dijo.

En esta línea, el Ejecutivo gallego reivindica reorientar hacia los pequeños y medianos productores el pago redistributivo, mediante el cual los Estados pueden optar por destinar hasta el 30% de su presupuesto nacional de apoyo a la renta a ayudar a los pequeños agricultores. También reivindicó aplicar «con más intensidad» el ‘capping’, esto es el tope máximo de subvenciones por explotación, exprimiendo los límites que fija la UE.

El debate de los ecoesquemas
En cuanto a los ecoesquemas —que implicarán que cada Estado deberá reservar el 25% de las ayudas directas a dar apoyos adicionales a ganaderos y agricultores que impulsen prácticas sostenibles—, el conselleiro trasladó al ministro que no pueden plantearse "esixencias adicionais" a las explotaciones gallegas, dado que "xa están facendo unha custodia do territorio pola vía do cultivo da súa base territorial". "Estamos de acuerdo en continuar caminando juntos para la aprobación del plan estratégico por parte de la CE", destacó, por su parte, el ministro Planas.

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