El Gobierno de Pedro Sánchez da ya prácticamente por hecho que tendrá que hacer suya la senda de bajada del déficit público trazada por el anterior Ejecutivo consciente de las escasas posibilidades que tiene de sacar adelante sus planes para suavizar los objetivos de reducción del desequilibrio presupuestario ante la falta de apoyo parlamentario. Esa debilidad ya quedó patente el pasado viernes en el Congreso, donde el PSOE se quedó prácticamente solo en la votación del techo de gasto para 2019 por el rechazo mayoritario a sus metas de déficit y deuda pública desde ese año hasta 2021.
Tras ese golpe, el ministerio de Hacienda tenía en mente llevar ante la Cámara en el plazo de un mes un nuevo proyecto en materia fiscal manteniendo los límites de déficit sobre el PIB, en una segunda intentona, y solo abría la puerta a recuperar los planes de Mariano Rajoy si volvía a fracasar en las Cortes. Apenas unos días después, la titular de la cartera, María Jesús Montero, dio este martes por hecho que ese será el escenario "más problable".
Y es que no se espera un vuelco en la postura que los grupos mostraron la semana pasada, con los votos en contra de PP, Ciudadanos, UPN, Bildu, Foro Asturias o Coalición Canaria a la senda fiscal de los socialistas, y las abstenciones registradas en las filas de Unidos Podemos, ERC, Compromis y el PDeCAT. Con ese antecedente, la ministra reconoció que, salvo cambios de "última hora", se aplicará la hoja de ruta del anterior Gobierno. Eso significa que el equipo de Sánchez ve truncada su idea de abrir la mano con el gasto de las comunidades, la Administración Central y la Seguridad Social con la aceptación de Bruselas.
El Ejecutivo actuará para que las comunidades puedan diseñar sus cuentas aunque no haya PGE de 2019
Su propuesta pasaba por relajar el tope de déficit autonómico del 0,1% que fijó el equipo de Rajoy para 2019 al 0,3%, lo que les permitiría desembolsar 2.500 millones adicionales, y poder cerrar el año con un desajuste en las cuentas del conjunto de las administraciones del 1,8%, cinco décimas más de lo comprometido. Aunque mantiene su "mano tendida" para negociar con las formaciones, Montero ya admite que no podrá ser.
Lo dijo este martes tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) en el que se reunió con representantes de las comunidades y en el que finalmente no se sometió a votación el establecimiento de objetivos individuales para cada comunidad tras el rechazo al planteamiento del Gobierno en el Congreso. Tampoco comunidades como Galicia estaban de acuerdo con contraer "máis hipotecas para o futuro".
A la entrada del encuentro, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, mostró su preocupación por el hecho de que el ‘no’ al techo de gasto para sacar adelante unos nuevos presupuestos generales bloquease el diseño de las cuentas de las autonomías. Al respecto, la ministra explicó que el Gobierno habilitará legalmente a las comunidades para que puedan avanzar en ese camino, con la práctica seguridad de que se mantendrán los objetivos de reducción del déficit del Gobeirno del PP y con las entregas a cuenta para 2019 aprobadas. Contarán, en conjunto, con 102.920 millones de euros más por un concepto que hace referencia al dinero que el Estado anticipa a las autonomías por lo que estima que les corresponde por impuestos compartidos y fondos de financiación.
