El Gobierno logró sacar este jueves adelante los objetivos de déficit con unos márgenes ampliados para los próximos tres años, pese al rechazo de Canarias y cinco comunidades del PP, entre ellas Galicia. En la antesala de una reunión del Consejo de Política Fiscal que duró más de cuatro horas, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ya dejó entrever que se opondría a un cambio que para el año que viene implica que el desfase entre ingresos y gastos podrá alcanzar el 0,3% del PIB en lugar de ceñirse al 0,1, lo que significa que la Xunta podrá gastar 120 millones más.
Lo hizo explicando que el Ejecutivo gallego se opone a que esto se articule elevando el endeudamiento público, una fórmula que, a ojos de Facenda, beneficia a las comunidades incumplidoras en detrimento de las que sí sanearon sus cuentas en los últimos años. "É unha medida equivocada", incidió Martínez, avisando de que "o enfoque de maior gasto ten que vir por máis recursos dentro do sistema de financiamento".
El conselleiro instó así a una reforma del modelo, una petición en la que insistieron los titulares de Hacienda de otras autonomías como Valencia que, con todo, se abstuvo en la votación de los nuevos topes de déficit por las dificultades para cuadrar sus cuentas y pese a que el resto de autonomías socialistas sí apoyaron la medida.
En una reunión a la que Cataluña declinó asistir, con Galicia, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Canarias votaron en contra de unos límites de déficit que llegan después de que Hacienda acordase con Bruselas suavizar del 2,2 al 2,7% el tope genérico de España para este año y del 1,3 al 1,8% para 2019. En 2020 el desvío no podrá superar el 0,1% para las autonomías, lo que supone retrasar un año el objetivo de estabilidad.
Ante la demanda de los consejeros, las ministras de Hacienda y Política Territorial accedieron a crear un grupo de trabajo político para impulsar la reforma de la financiación autonómica, que Pedro Sánchez pretendía aparcar. Otro equipo analizará la armonización tributaria de los impuestos autonómicos cedidos, lo que pone el foco sobre sucesiones, patrimonio y transmisiones patrimoniales.
