La brecha entre cotizaciones y pensiones aumenta y enciende todas las alarmas

La tercera reforma del sistema de pensiones es uno de los desafíos más urgentes con los que arranca la XII legislatura, pues la comisión del Pacto de Toledo tiene por delante hallar la fórmula para garantizar la suficiencia de ingresos con el fin de blindar la sostenibilidad de un sistema que llegado 2046 tendrá que ser capaz de afrontar el gasto derivado de que el 31% de la población superará los 67 años si no se produce un giro decidido en la política demográfica.Los datos del Instituto Nacional de Estadística (Ine) indican que hoy son el 17% y, pese a ello, las tensiones que registra la Seguridad Social para hacer frente a una factura que ya supera los 8.500 millones mensuales son evidentes. En cuatro años el Gobierno prácticamente ha secado el Fondo de Reserva creado para situaciones de crisis y ya admite que los 24.207 millones que restan no darán para cubrir todo el 2017, de modo que es altamente probable que la extra de Navidad tenga que cubrirse por otras vías, como los impuestos.La falta de recursos es el problema de fondo desde que en 2012 el sistema entró en barrena y no queda más alternativa que hincar el diente a este hueso visto que la Seguridad Social arrastra un déficit que al cierre de septiembre superaba los 6.100 millones. Es fruto, en buena medida, de que mientras las cotizaciones supusieron ingresos por 76.468 millones desde enero, el pago de las pensiones contributivas exigió sacar de la caja 79.682 millones. Y aunque el Ejecutivo fía parte de la solución a la creación de empleo, lo cierto es que mientras los ingresos por el pago de cuotas crecen a un ritmo del 3,1%, el gasto en prestaciones avanza más, un 3,4%, con la nómina de las pagas por jubilación –que suponen el grueso (70%) de las contributivas– engordando un 4% en un año.El pacto sellado por PP y Ciudadanos en agosto, que parece llamado a servir de guía en la nueva legislatura, habla de "reordenar las fuentes de financiación". Los tiros apuntan a que las prestaciones de viudedad y orfandad, cuyo carácter no es contributivo, pasarán a financiarse con cargo a los presupuestos generales. Un simple cálculo permite ver que con esta medida la carga que soporta la Seguridad Social se habría reducido a 65.400 millones entre enero y septiembre.El acuerdo con C's también contempla cambios del lado de los gastos, pues el Ejecutivo se propone que los trabajadores prolonguen la vida laboral de forma "voluntaria" más allá de la edad legal de jubilación, que este año se sitúa en 65 y cuatro meses para quienes no alcancen los 36 años de afiliación. En este sentido, el Ministerio de Trabajo ya avanzó su intención de permitir compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con un empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. Como alternativa, el acuerdo político comprende dar la opción a quienes decidan retrasar su retiro de beneficiarse de una exención en el pago del IRPF por continuar en activo sin cobrar la prestación, aunque quedaría por definir el límite de renta sobre el que se aplicaría.Miguel Vázquez Taín: "O sistema de reparto, polo que os que están cotizando cobren as pagas actuais, pódese mellorar cun sistema de contas nocionais"PROBLEMA DEMOGRÁFICO. Al margen de estas medidas, la viabilidad del sistema en el largo plazo está íntimamente ligada a la evolución demográfica. Prueba de ello es que las autonomías más envejecidas son las que presentan un mayor déficit de ingresos por cotizaciones. Los datos de ejecución presupuestaria de 2015 revelan que únicamente Baleares, Canarias y Madrid lograrían cubrir sus pensiones con las cuotas que pagan trabajadores y empresas. En la cara opuesta, revelan que en Asturias, la comunidad más entrada en años con un 24,4% de mayores de 65, la factura de las prestaciones duplica lo que ingresa la Seguridad Social, una realidad en la que también incide el hecho de que la pensión media de jubilación supera los 1.270 euros por el peso de la minería.Galicia, que a escasa distancia de Castilla y León es la tercera autonomía que peina más canas con un 24,3% de habitantes que rebasan los 65 años, registra un déficit de ingresos del 50% para poder cubrir los 7.119 millones que se tragaron las prestaciones en 2015, pese a que aquí los jubilados cobran unos 870,9 euros de media, la segunda cuantía más baja del Estado."La situación actual es insostenible, porque para mantenerla habría que elevar impuestos, recortar gastos y dedicar lo ahorrado a pensiones, o una combinación de ambas cosas, lo que no es imaginable", sostiene el catedrático de Estructura Económica de la Universitat Ramón Llull Santiago Niño Becerra.Santiago Niño Becerra: "Para mantener la situación actual habría que subir impuestos, cortar gastos y dedicar a pensiones el ahorro y no es imaginable"El economista, que en 2006 anticipó la crisis sistémica que estallaría después, no ve factible que se continúen pagando "los mismos importes en las mismas condiciones" que hasta ahora, porque ello supondría abonar unas pagas vinculadas a unas bases de cotización que corresponden "a salarios de empleos indefinidos a tiempo completo" e indexados a la inflación, cuando en realidad los ingresos actuales del instituto público se corresponden con sueldos diezmados por el auge del empleo temporal y a tiempo parcial. Así es que las proyecciones del Gobierno de crecimiento de las cotizaciones se quedan cortas y todo indica que este año el sistema público cerrará con un déficit de 16.000 millones que, según estima el experto, llegará a 19.000 millones en 2017.PENSIONES MÁS BAJAS. Ante estas cifras, el presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Vázquez Taín, ve irremediable "tomar medidas adicionais que afectarán ao gasto, gústennos ou non", pues implicarán reducir la cobertura. El último informe sobre pensiones de la OCDE sitúa la tasa de relevo de las prestaciones (su peso en relación al último salario) en una media del 82% para un asalariado medio, muy por encima del 52% de la media de los miembros del conocido como club de los países ricos, lo que da una idea de por donde irán los tiros.En este sentido influirán medidas incluidas en la reforma que el PSOE acometió en 2011 (la que supuso retrasar la jubilación a los 67 años) y en la que impulsó el PP dos años después. Taín señala el impacto que tendrá el índice de revalorización de las pensiones, que contempla una subida mínima del 0,25% y vincula las alzas a la salud de las cuentas la Seguridad Social. En cuanto el crecimiento económico comience a generar inflación, se dará una pérdida de poder adquisitivo. El economista también recuerda que en 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, lo que supondrá que "cada cinco anos se revise a evolución da esperanza de vida" para calcular las nuevas pensiones, un factor que hace presagiar una bajada para los beneficiarios que vayan incorporándose al sistema. Para reducir el gasto la reforma de 2011 también elevó de 15 a 25 años el periodo de cotización sobre el que se calcula la paga.ALTERNATIVAS. Ante este panorama, los expertos reivindican que se informe con transparencia a los ciudadanos de que las prestaciones del futuro serán menores que las actuales, con el fin de que cada cual pueda planificar el mañana. Partidario de mantener el sistema de reparto, por el que las cotizaciones cubren a los pensionistas actuales, Vázquez Taín apunta que admite "melloras", como ir hacia un modelo de "contas nocionais", similar al sueco, por el cual "o 5% das cotizacións se meta nun sistema de capitalización público xestionado a través dunha axencia estatal". Esto mejoraría la "correlación" entre lo cotizado y la prestación futura, preservando "a solidariedade interxeracional".Al igual que Taín, Santiago Niño Becerra también ve "inviable" implantar un sistema de cuentas individuales de capitalización. En contra de esta opción, el catedrático de Estructura Económica apunta a la "baja capacidad de ahorro del español medio, como consecuencia del reducido nivel salarial por la baja productividad y de la abultada deuda privada". Además, constata que este sistema "no funciona, tal como se ha puesto de manifiesto en Chile", que está registrando protestas en contra de un modelo implementado por Pinochet en 1981, por las inversiones que se realizan con sus ahorros y la insuficiencia de las pagas.El profesor augura "el progresivo abandono del sistema contributivo" para ir hacia un esquema "asistencial, en el que las pensiones máxima y mínima tiendan hacia un importe básico independientemente de lo cotizado". En un escenario de este tipo, entiende que la vía "menos mala para no perder poder adquisitivo será prolongar la edad laboral cuanto sea posible".