Xóvenes Agrículores (XX.AA.), Unións Agrarias (UU.AA.), el Sindicato Labrego Galego (SLG) y la Asociación de Cooperativas Agrarias (Agaca) pusieron en marcha este miércoles una pegada ''masiva'' de carteles por todas las ciudades gallegas para dar a conocer a la sociedad las marcas que están ''arruinando'' el sector lácteo gallego. Las cuatro organizaciones iniciaron esta acción --enmarcada en la campaña de boicot que realizan desde el 8 de septiembre contra Lactalis, Leite Río y Leche Celta-- con una pegada simbólica ante el Parlamento de Galicia, como ''centro de decisiones'' de la comunidad, y que se extenderá a partir de ahora al conjunto de municipios gallegos.
Después de acudir a varios centros comerciales de Galicia para marcar con una etiqueta los productos de las tres firmas, la campaña de boicot sale ahora a las calles con el objetivo de ''empapelarlas'' y decir a la sociedad que Río, President, Lauki, Leyma, Cremosita, Solar y Societé ''engañan'' al consumidor y ''destrúen el sector lácteo''. Así rezan los carteles que los sindicatos estamparon en la pared de un edificio situado frente a la Cámara autonómica. En la pegada participaron una veintena de miembros de las centrales, entre los que se encontraban la secretaria general del SLG, Carme Freire, el secretario general técnico de XX.AA., Juan Pérez Orozco, y el secretario de organización de UU.AA., José Rodríguez.
''Toda la ciudadanía va a saber, si no lo sabe ya, cuáles son las marcas que nos están destruyendo'', aseguró la primera. Cuando se cumplen dos semanas del inicio del boicot, la responsable del sindicato labrego señala que la iniciativa está calando entre la ciudadanía, que les transmite su ''solidaridad'' y ''muchas muestras de apoyo'' a través de las páginas web de las organizaciones y por teléfono. ''La gente quiere saber cuáles son las marcas que no deben comprar'', sentenció a las puertas del Parlamento gallego. Carme Freire asegura que la acción también ''está llegando al bolsillo'' de las industrias y, por eso, ''se empiezan a poner nerviosas y a lanzar amenazas''. Algunas de ellas incluso han propuesto subidas inminentes en el precio de la leche, que los sindicatos consideran ''ridículas'' y ''una tomadura de pelo''.
Con todo, la secretaria general del SLG considera que el estado de sus reclamaciones ha avanzado y que se encuentran ''en otra posición'' con respecto al año pasado. Mientras hace doce meses las fuerzas políticas y la industria aseguraban que establecer un precio mínimo para la leche era ilegal, hoy parece que hasta los representantes de las empresas de recogida ''nos dan la razón'' en esta cuestión. ''Está todo el mundo de acuerdo y les ha entrado en la cabeza que es necesaria una legislación y unos acuerdos políticos en toda la Unión Europea para que se cumplan esos precios mínimos. A eso es a lo que queremos llegar'', puntualizó Freire.
Menos optimista se mostró Juan Pérez Orozco al recordar que las empresas ''continúan haciendo caja'' y provocan que ''cada día cierren más explotaciones''. El secretario xeral técnico de XX.AA. lo atribuye a una única intención, la de ''querer ganar más dinero''. Pese a augurar ''movimientos'' para el mes de septiembre en el precio del producto tras las propuestas de alza lanzadas por algunas marcas, el responsable del sindicato se adelantó a afirmar que son ''totalmente insuficientes''. Es por ello que están convencidos de que darán continuidad a la campaña de boicot hasta que la situación cambie y no descartan tener que recurrir a ''otras decisiones''.
Para las organizaciones ''no puede ser'' que los supermercados vendan el litro de leche a menos de 60 céntimos. A este respecto, Pérez Orozco advirtió que, de prolongarse este panorama, ''dentro de poco la sociedad va a tener que comprar leche de Francia, Alemania o Nueva Zelanda'' al precio que las firmas ''quieran''. Por ello, explicó que eliminar todo el producto que se comercializa en torno a los 40 céntimos y encarecerlo hasta los 60 ''supondría para una familia media española 50 euros cada año'', una cantidad que tildó de ''ridiculez'', pero que ''salvaría al sector lácteo español''. ''Es hora de que las industrias muevan ficha y de que la distribución deje de regalar el producto'', aseveró el de XX.AA.
Acción de los gobiernos
Representantes de todos los eslabones de la cadena de valor del sector, entre ellos los sindicatos, se reunirán el lunes en Madrid con responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en un encuentro al que esperan que acudan los directivos de las industrias. Las organizaciones rechazan que asista en su lugar un ''representante'' al alegar que ''no tiene capacidad de negociar''.
Tras solicitar la implicación de las Administraciones central y autonómica en la causa de los productores lácteos, Carme Freire recordó que la titular del MARM, Elena Espinosa, tiene a finales de mes una ''oportunidad de oro para demostrar que está de acuerdo con nosotros''. Y es que está previsto que se celebre en España una reunión de ministros de agricultura de la Unión Europea, en la que se abordará la situación del sector y la política láctea para los próximos años.
En el plano gallego, Freire instó a la Xunta y, en particular, al conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, a convertir esta área de actividad en cuestión central de las decisiones que se adopten antes de finales de año. De este modo les pidió que hagan ''algo más que declaraciones gratuitas''.
Precisamente al respecto se pronunció este miércoles el secretario de organización de UU.AA al reclamar la actuación de las fuerzas políticas ante la posición de las industrias, a las que acusó de no asistir a las reuniones que se convocan en Madrid y Galicia y de ''pasar absolutamente de todo''. A Feijóo le pidió que ''tome medidas'' por un sector ''básico'' para Galicia, que permitan a los productores recibir unos precios ''dignos'' por el producto. José Rodríguez también solicitó la intervención del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, para que el Tribunal de Defensa de la Competencia apruebe un eventual acuerdo entre los ganaderos y las industrias para fijar unos precios mínimos.
El miembro de Unión Agrarias alertó de que, dada la actual situación, a los ciudadanos ''poca leche gallega les va a quedar para beber y van a tener que consumir lo que llega de otros lados y que probablemente no tenga las mismas garantías que el de aquí''.
