La avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) que ha detonado la segunda oleada del covid vuelve a tensionar a la Administración. Mientras CC.OO. demandó este jueves "recursos inmediatos" para el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y denunció retrasos en la gestión de las prestaciones por desempleo "que pueden llegar a los cuatro meses" en comunidades como Cataluña, CSIF instó al Gobierno a activar una oferta de empleo público extraordinaria y a instaurar la jornada de tarde voluntaria.
Los datos que maneja este último sindicato indican que, de media, la carga de trabajo creció en noviembre un 313% en el Estado con respecto al mismo mes de 2019, una referencia que CSIF sitúa en el 245% en Galicia. De las cuatro provincias, la presión ha crecido con mayor intensidad en Ourense, al cuadruplicarse (+301%); seguida de Pontevedra (+263%), A Coruña (+236%) y Lugo (159%).
La central sostiene que el plantel del Sepe ha tenido que asumir la tramitación de 150.000 nuevos Erte que afectan a 720.000 trabajadores en las dos últimas semanas en el conjunto del país, lo que ha provocado que "las horas extra autorizadas" resulten "insuficientes".
El último boletín estadístico del Ministerio de Función Pública cifra en 7.979 los efectivos al servicio del Sepe en enero. De ellos, 5.678 son funcionarios de carrera. CSIF sostiene que, como consecuencia de los recortes, en la última década "se perdieron 3.400 efectivos".
La central indica que el plantel "está al límite" ante el volumen de trabajo actual y la previsión para 2021, por lo que pide personal "estructural y profesionalizado" para abordar la tarea y critica el "parcheado" realizado en los últimos meses con trabajadores temporales procedentes de otras actividades ajenas a la gestión de prestaciones.
15.024
Eran los afectados en Galicia por los 6.457 Erte de fuerza mayor en vigor en octubre.
