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¡Ojo!: la garantía de seis meses de empleo no cubre al plantel exento del Erte

.SEBAS SENANDE
.SEBAS SENANDE
La Dirección General de Trabajo especifica en un oficio que la salvaguarda afecta solo a las regulaciones que las empresas tramitasen por causa de fuerza mayor debida al Covid-19

La garantía de empleo por seis meses que se activará una vez finalizado el estado de alarma y que ha sido incluida por el Gobierno en el decreto 8/2020 —el que aligeró la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) y elevó las bonificaciones de las cotizaciones como gancho para evitar despidos— tiene una cobertura limitada. Así lo aclara la Dirección General de Trabajo en un oficio remitido a la patronal CEOE con fecha del 7 de abril, un documento que especifica que el blindaje de los contratos por seis meses rige solo para los Erte por causa de fuerza mayor y se extiende en exclusiva "a los trabajadores afectados por la medida de suspensión o reducción de jornada". Esto es, si una compañía envió a casa a una parte de su plantel, una vez que se reanude la actividad y se reincorporen la otra parte de los trabajadores sí podría ser objeto de un ajuste e incluso perder su empleo. La salvaguarda cubrirá "al 100%" de los asalariados a los que se aplicase el Erte, aunque sí cabrán despidos disciplinarios procedentes, dimisiones, jubilaciones o incapacidades permanentes. Tampoco supondrá una vulneración la extinción de los contratos temporales que lleguen a su término tras prorrogarse por el tiempo que durase el expediente. "En caso contrario", el Gobierno especifica que el empresario deberá "reintegrar" las cotizaciones que dejó de abonar al beneficiarse de las bonificaciones del Erte. Para nada se habla de la imposición de sanciones. ¿Y qué implica que la garantía sólo afecte a los Erte por fuerza mayor? En su respuesta a la consulta formulada por la CEOE, la directora general, Verónica Martínez, también deja claro que las regulaciones de empleo motivadas por causas económicas, organizativas o de la producción quedan al margen, dado que la exoneración de entre el 75 y el 100% de la parte empresarial de las cotizaciones de la plantilla afectada por un Erte y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta se limita a los expedientes imputables a razones de fuerza mayor. Esto es, a los que pudieron acogerse los negocios que tuvieron que parar a raíz de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.

Dado que el documento tiene carácter informativo y no vinculante, fuentes de la patronal indicaron a AGN que la organización ha solicitado que estas aclaraciones se incluyan en alguna disposición adicional de los próximos reales decretos que puedan aprobarse para darles carácter normativo.

En un escenario en el que solo en Galicia ya son más de 192.700 los trabajadores afectados por los 32.926 Erte solicitados desde el 16 de marzo, el Gobierno estudia nuevos cambios en estos procedimientos. Este lunes, el ministerio que dirige la ferrolana Yolanda Díaz confirmó que —a petición de las organizaciones de autónomos Ata, Upta y Uatae— estudia prolongar la duración de los ajustes temporales de plantilla por fuerza mayor más allá del fin del estado de alarma y "en determinados sectores". Eso sí, el Consejo de Ministros no evaluará este martes la medida. El orden del día de la reunión del Ejecutivo incluye la ampliación de los plazos de presentación y pago de las declaraciones trimestrales del Iva, IRPF y sociedades para autónomos y pymes que facturen menos de 600.000 euros hasta el 20 de mayo y permitir a los trabajadores por cuenta propia renunciar al sistema de módulos y tributar por estimación directa.

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