El expresidente de Bancaja José Luis Olivas quedó en la noche de este miércoles en libertad aunque dos miembros de su equipo ingresaron en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, que les ha impuesto una fianza de medio millón de euros para poder salir de la cárcel.
No obstante, el magistrado, que investiga los préstamos presuntamente irregulares que Bancaja otorgó al Grupo Grand Coral, dedicado a proyectos inmobiliarios en el Caribe mexicano y Baja California, obliga al expresidente de la Generalitat valenciana a comparecer quincenalmente en su juzgado.
Esta misma medida la acordó para el exdirector de Negocio Internacional de Bancaja Habitat, Julián Dolz, mientras que el ex consejero delegado Domingo Parra deberá hacerlo mensualmente, han informado fuentes jurídicas.
Por el contrario, el ex director general Aurelio Izquierdo y el ex director general adjunto José Cortina deberán abonar una fianza de 500.000 euros para poder salir de la cárcel, en la que han ingresado de manera incondicional los dos empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
Con semblante visiblemente cansado, y tras más de doce horas de interrogatorios, Olivas abandonó al filo de las 23.20 horas la sede de la Audiencia Nacional, donde le aguardaba un taxi a la puerta en el que se ha subido con sus dos abogados. Poco antes, lo habían hecho los otros dos exdirectivos que han quedado libres.
Todos ellos fueron detenidos el pasado lunes por la Guardia Civil junto a los miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, por delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
Esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario, se inició en 2014 después de una denuncia presentada por Bankia Habitat por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja al Grupo Grand Coral para llevar a cabo operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano entre 2005 y 2009.
Según la entidad, le produjeron un "menoscabo patrimonial" que obligó a la denunciante a provisionar "una parte muy importante" de esos préstamos.
