España deberá ampliar el periodo de cotización que tiene en cuenta a la hora de calcular el importe de las pensiones para recibir los fondos europeos de recuperación. La medida figura en el acuerdo operativo suscrito por el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario que permite empezar a solicitar el desembolso de fondos, el que recoge todas las reformas a las que se compromete España.
El documento prevé que ese cambio se apruebe antes del final de 2022 y se aplique de forma progresiva a partir de 2023. Entonces ya se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años de la carrera laboral para determinar el importe de la pensión a recibir, fruto de la reforma que entró en vigor en 2013 y ha ido ampliando ese período, que en 2012 era de 15 años.
Ahora está por ver cuántos más se suman, con una medida que cabe prever que reduzca muchas nuevas prestaciones porque las retribuciones de los primeros años de una carrera laboral suelen ser menores a las de los últimos.
Este asunto fue polémico durante la elaboración del plan de inversiones y reformas hace casi un año, porque llegó a circular un borrador en el que se elevaba de 25 a 35 años el periodo de cálculo. El documento finalmente incluyó la extensión del periodo pero sin especificar un número de años concreto ni aclarar si se ampliaría con carácter general por encima de los 25 años. Así se vuelve a recoger en el acuerdo operativo suscrito ahora, sin que la Seguridad Social haya querido hacer ahora más aclaraciones.
El período de cotización que se tiene en cuenta para calcular la pensión ya se está ampliando ahora por la reforma que entró en vigor en 2013: llegará a los 25 años en 2022
Fuentes del ministerio remiten a lo fijado en el texto, donde se dice que la medida busca "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".
Más allá de este cambio, España tendrá que justificar ante Bruselas que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional, para lo que tendrá que enviar a la Comisión Europea una evaluación de impacto que lo corrobore.
La reforma de pensiones es uno de los hitos que hay que cumplir y cuya primera parte ya fue acordada con los agentes sociales en el mes de julio. Una segunda parte está en fase de negociación e incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP, que preveía un ajuste a la baja de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida.
Para mitigar el incremento del gasto en pensiones que se producirá hasta 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom, la Seguridad Social ha planteado un aumento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales durante diez años para volver a nutrir el fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones que se vació con la anterior crisis.
