Atención a los potenciales beneficiarios del "abono extraordinario" de 200 euros que el Gobierno comprometió a finales del año pasado para hogares que no superen un determinado nivel de renta porque este miércoles día 15 arranca el plazo para solicitarlo y estará abierto hasta el 31 de marzo.
¿Quién puede pedir la ayuda?
Podrán beneficiarse de este cheque para sobrellevar el golpe de la crisis inflacionaria los asalariados, autónomos o desempleados cuyos ingresos hayan sido inferiores en 2022 a los 27.000 euros anuales y su patrimonio no rebase los 75.000 euros (sin contar la vivienda habitual) a 31 de diciembre.
Se computará a todos los familiares que convivan en el mismo hogar: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado. En el caso de personas que compartan piso sin tener una relación familiar (o parejas sin vínculo legal que convivan), no se sumarán sus ingresos y patrimonio, y cada una recibirá 200 euros si cumple los requisitos.
¿Cómo se hace la solicitud?
El cheque solo se podrá pedir a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El interesado tendrá que rellenar un formulario, en el que facilitará la cuenta bancaria donde quiere que se realice la transferencia. Será necesario disponer de Cl@ve o certificado electrónico para realizar el trámite.
En principio no habrá que presentar documentación. Una vez rellenado el formulario, Hacienda cruzará sus datos con los de otras administraciones y determinará si el ciudadano tiene derecho al cheque. Si no procede su concesión, lo notificará al solicitante.
¿Cuándo se cobrará el cheque?
La Agencia Tributaria no ha indicado cuándo se abonará, pero tomando como referencia la anterior ayuda de 200 euros lanzada en verano, los primeros ingresos podrían llegar un mes o dos después de realizar la solicitud.
Ojo porque habrá que declararla en la declaración de la renta que se presente en 2024, pues tributa como ganancia patrimonial en el IRPF.
¿Quién no puede beneficiarse?
Las personas que a cierre de 2022 percibían el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o una pensión pública.
