El progresivo despliegue de la reforma de las pensiones de 2011 que situará en 67 años la edad legal de retiro en 2027 para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses sumado al nuevo sistema de incentivos a la jubilación demorada que entró en vigor en enero de 2022 van surtiendo efecto, aunque muy poco a poco. Según el Informe Económico Financiero que acompaña a los presupuestos de la Seguridad Social para 2023, la edad efectiva a la que los españoles se retiraban en 2010 era de 63,84 años de media. En febrero de este año se había elevado a 64,8.
En la provincia de Pontevedra, este indicador va acercándose a los 65 años, pues cerró el año pasado en 64,9. Con todo, los pontevedreses son los que parecen tener más prisa. Los que más tarde se retiran en la comunidad son los trabajadores de las provincias del interior y, más en concreto los ourensanos, a los 65,7 años de media. Tras estas diferencias se esconden factores diversos como el peso de los autónomos, el colectivo más propenso a alargar su vida activa para tratar de mejorar su prestación —inferior a la paga media que perciben quienes fueron asalariados—, la estructura productiva e incluso la mayor proporción de mujeres, que suelen jubilarse más tarde al tener carreras de cotización menos prolongadas que los varones..
Paulatinamente, la edad real a la que se retiran los gallegos va aproximándose a la legal, que este año se sitúa en 65 años para quien tenga una carrera de cotización de un mínimo de 37 años y 9 meses, en tanto que aquellos que no lleguen a ese nivel tendrán que esperar a los 66 y cuatro meses.
Extender la vida activa es una de las patas de la estrategia para afrontar el aumento del gasto en pensiones que acarreará el retiro de la generación del ‘baby boom’. Son los nacidos entre 1957 y 1977, cuyo peso en la pirámide poblacional hará que los mayores de 65 pasen de representar el 20% del padrón actual a superar el 28% en 2042.
Los 4.683 pontevedreses mayores de 65 que empezaron a cobrar el año pasado la pensión representaron el 69,6% de las altas y, de media, ingresaron 1.201,1 euros
Estas dinámicas derivan en que nunca antes hubo en Galicia un número más elevado de afiliados a la Seguridad Social mayores de 65 años. En febrero eran 19.969, un 10,7% más en un año y el 1,9% del total de cotizantes.
Y del análisis de las altas de jubilación se extrae que el 73% de los trabajadores que dejaron el tajo en 2022 y causaron alta como pensionistas había cumplido o superaba los 65. En el conjunto del Estado, la proporción fue sustancialmente inferior, del 64%, aunque se ha ido incrementando progresivamente, pues en 2019 eran el 60%.
Pontevedra
Ahondando en el detalle, en la provincia de Pontevedra los 4.683 pensionistas mayores de 65 que empezaron a cobrar el año pasado representaron el 69,6% de las altas y, de media, ingresaron 1.201,1 euros. Paradójicamente, los que dejaron el trabajo antes de esa edad percibieron mejor paga, un promedio de 1.514,02 euros.
Tras este dato hay muchos factores. De un lado, hay que tener en cuenta que los funcionarios incluidos en el régimen de clases pasivas que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado pueden retirarse a los 60 años sin penalización. En cambio, quienes entraron a formar parte del plantel de las administraciones públicas a partir de enero de 2011 se rigen por el régimen general de la Seguridad Social, por lo que están sujetos a la edad legal que rige para todos los asalariados. Por otra parte, la legislación sigue permitiendo rebajar la edad ordinaria de retiro a profesionales de actividades consideradas penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, como los profesionales de la minería, del mar, el personal de vuelo, los ferroviarios, los bomberos, los policías locales, los miembros de la Erzaintza, los artistas o los profesionales taurinos. El límite está en 52 años, aunque hay excepciones en el caso de la minería y el mar.
Retiro demorado: Los nuevos premios atraen a 4.400 trabajadores
El nuevo sistema de incentivos a la jubilación demorada que entró en vigor en enero de 2022 en el marco de la primera pata de la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá comienza a dar frutos. Según los datos facilitados por el ministerio, en 2022 fueron 4.418 los trabajadores en el conjunto del Estado los que, pese a haber alcanzado la edad legal para ‘colgar’ el mono o el traje de trabajo, decidieron seguir en activo a cambio de un premio.
65,6%: Es el aumento de las jubilaciones demoradas que propiciaron los nuevos incentivos con respecto a 2021.
Tres opciones: A disposición tanto de los asalariados como de los autónomos, la jubilación demorada debe solicitarse online o en las oficinas de la Seguridad Social. Hay tres complementos posibles. De un lado está la opción de sumar un 4% adicional a la pensión por cada año completo cotizado tras alcanzar la edad legal de retiro. De otro, cobrar un pago único por año de demora —que oscilará entre los 4.000 y los 12.000 euros, dependiendo de los años cotizados y del monto de la pensión— en el momento de la jubilación. La tercera vía es una combinación de las dos anteriores.
2.487: Fueron los que optaron el año pasado por el plus del 4% en la pensión frente a 1.931 que se decantaron por el ‘cheque’.
Gonzalo Balo, presidente de Modepen: "Nos traballos con esforzo físico non se atrasa o retiro"
Tras un 2022 en el que, con el despliegue de los nuevos incentivos, por cada trabajador que optó por seguir en activo pese a poder jubilarse 72 se dieron de alta como pensionistas en el conjunto del Estado, el presidente del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen), Gonzalo Balo, sostiene que los premios al retiro demorado "non foron pensados para o común dos traballadores".
"A quen lle pode interesar este tipo de medidas é aos que ocupan postos de dirección, profesionais liberais... Isto é, a ocupacións que non requiren moito esforzo físico. Ao chegar aos 65 anos, a gran maioría dos traballadores ten unha serie de doenzas musculo-esqueléticas que impiden esa prolongación, polo que non se acollen a esas medidas", sostiene el portavoz de la plataforma. Con todo, Balo admite que, dependiendo de la dureza de su actividad, el sistema de complementos puede ser una opción para los autónomos, un colectivo que tradicionalmente prolonga su vida activa en mayor medida que los asalariados por la menor cuantía de sus pensiones y por otros factores como la falta de relevo generacional.
Otro condicionante que, a juicio de Balo, dificulta prolongar la carrera profesional es la actitud de las empresas. "En moitos casos, cando un empregado chega aos 55 anos xa tratan de desfacerse del mediante expedientes de regulación de emprego, despidos ou xubilacións anticipadas", señala.
