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PSOE, la Izquierda Plural y UPyD recurren ante el Constitucional el 'macrodecreto' del Gobierno

El PSOE, Izquierda Plural y UPyD han recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional el "macrodecreto" económico del Gobierno aprobado por el Congreso el 10 de julio pese al rechazo frontal de la oposición, que lo ve una "chapuza" y una "aberración jurídica" por modificar a la vez leyes muy diferentes.

El diputado socialista y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha dicho que la norma recurrida "es una auténtica aberración jurídica, que pone en evidencia una falta de respeto al Parlamento, a los grupos políticos y a los ciudadanos".

Por su lado, el portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha subrayado que el decreto, que modifica una treintena de leyes muy variopintas, no sólo es una "chapuza parlamentaria" sino también un "desprecio" al funcionamiento del Parlamento, razón por la cual su grupo no participó en su votación y considera coherente recurrirlo.

En nombre de UPyD, su diputado Álvaro Anchuelo también ha arremetido contra el "engendro legislativo" del decreto y ha coincidido en denunciar el "desprecio continuo" del Ejecutivo al Parlamento, que ha convertido los decretos-ley, 55 en lo que va de legislatura, en su "forma habitual de gobernar" pese a que están pensados para casos excepcionales y de urgente necesidad.

Los tres diputados han hecho estas declaraciones tras presentar el recurso en la sede del Tribunal Constitucional, al que han acudido acompañados del nuevo secretario de Economía de la Ejecutiva del PSOE, Manuel de la Rocha.

El decreto recurrido afecta a ámbitos muy diversos, no sólo de tipo económico, ya que incluso contiene modificaciones de la legislación sobre la carrera militar, algo que hace a los tres grupos parlamentarios recurrentes dudar sobre su adecuación a lo previsto en la Constitución para este tipo de leyes.

Prada ha recordado que se trata del recurso número 31 que el grupo socialista interpone en esta legislatura ante el Constitucional contra leyes del PP.

Y ha hecho hincapié en que el Gobierno no tendría por qué actuar de esta manera, ya que dispone de mayoría absoluta para legislar sin tener que recurrir a la fórmula de urgencia prevista en el decreto-ley, empleada según su cálculos en el 40 por ciento de la normativa legislativa aprobada desde que gobierna el PP.

Desde Izquierda Plural, José Luis Centella ha ratificado la decisión de su grupo de no negociar con el PP sobre las medidas para la regeneración de la vida política "mientras siga engañándonos, abusando de su mayoría absoluta y evidenciando que no tiene ningún interés por mejorar el funcionamiento del Parlamento".

Ha considerado también que el PP apuesta por una democracia "de baja intensidad, chapucera y autoritaria" y ha dicho que el Tribunal Constitucional "tiene que jugársela" con este recurso, para que la vida política respete no sólo a las mayorías y minorías sino también el "normal juego democrático".

Álvaro Anchuelo ha calificado de "especialmente nocivo" el "macrodecreto" del Gobierno, por cambiar 30 leyes a la vez, y ha hecho notar que con la fórmula del decreto-ley ómnibus los grupos de la oposición no tienen tiempo de estudiar sus medidas dispares, ni siquiera de votarlo, por lo que sólo cabe aceptarlo o rechazarlo.

En el debate parlamentario del pasado 10 de julio, la mayoría del PP aceptó finalmente que se tramitara como proyecto de ley, lo que permite a los grupos parlamentarios presentar enmiendas al texto remitido por el Gobierno.

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