Prácticamente un mes después de que el Gobierno aprobase el mecanismo que diseñó con Portugal para mitigar la escalada de la electricidad para los 10,8 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada (el PVPC) —1,06 millones en Galicia— y la industria poniendo un límite al precio del gas, la Comisión Europea (CE) dio este miércoles luz verde a la conocida como excepción ibérica. Sus efectos se empezarán a notar la próxima semana y estarán vigentes hasta el 31 de mayo de 2023, con un coste total de 8.400 millones de euros, de los que 6.300 corresponden a España.
¿EN QUÉ CONSISTE? El precio de la electricidad en el mercado mayorista —que este jueves pagaremos a 182,7 euros de media por megavatio/ hora (MWh)— se abaratará con la intervención en el mercado del gas que se materializará en la subasta que se ejecutará el próximo martes y que marcará la cotización horaria de la electricidad del miércoles.
El gas, que según los datos del Mibgas se está negociando a una media de 71,5 euros en los contratos de futuros para julio, verá limitado su precio a 40 euros MWh durante los primeros seis meses, un tope que se incrementará a razón de cinco euros al mes a partir de entonces para alcanzar los 70 euros en diciembre. En los 12 meses que durará la medida, la media será de 48,8 euros/MWh, por encima del objetivo inicial de 30 euros que se habían marcado Madrid y Lisboa, lo que en buena medida obedece a la presión que ejercieron las grandes energéticas, muy críticas con esta solución al asestar un tajo a sus ingresos.
La importancia del plan radica en que las centrales de ciclo combinado, la tecnología de generación eléctrica más cara por el coste del gas que queman y por la cotización de los derechos de emisión que tienen que pagar por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera (que superan los 80 euros/tonelada), marcan la retribución del resto de fuentes. Esto es así con independencia de que sus costes de producción resulten prácticamente nulos, como en el caso de la eólica o la hidráulica.
España y Portugal podrán así, de forma excepcional, romper con el funcionamiento del mercado marginalista de la electricidad, el esquema que impera en el mercado europeo de la energía. La clave es que el precio real del gas se retribuirá exclusivamente a las centrales de ciclo combinado y a las plantas de cogeneración mediante ayudas directas.
¿CÓMO SE FINANCIARÁ? Será con dos medidas. De un lado, los consumidores de la tarifa regulada asumirán un recargo. Está por ver si las eléctricas consuman la amenaza de encarecer los contratos del mercado libre. El resto se detraerá de los ingresos que obtiene Red Eléctrica del comercio transfronterizo de electricidad entre España, Francia y Portugal, las conocidas como rentas de congestión, que el año pasado supusieron 110 millones para el sistema eléctrico nacional.
En la decisión de la CE, que se mostró reticente a romper con el funcionamiento del mercado marginalista desde que España comenzó a ejercer presión con otros países en septiembre, pesó el hecho de que la Península tiene una escasa interconexión con el resto de Europa, lo que supone una desventaja para su integración. A modo de peaje, Madrid y Lisboa se han comprometido a trabajar activamente para revertir esta situación.
¿CUÁNTO BAJARÁ LA LUZ? El mecanismo ibérico —que este jueves deberá convalidar el Congreso— supondrá una rebaja de entre el 15 y el 20% en el recibo, según las estimaciones del Gobierno. Hoy, el coste de la energía determina más del 70% de la factura para un usuario del PVPC.
"La medida permitirá a España y Portugal bajar los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto muy afectados por la subida de los precios debido a la invasión rusa de Ucrania", constató la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
