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La reforma de costas del Gobierno crispa a la patronal

Imagen de la factoría de Ence. ALBA SOTELO (ADP)
Imagen de la factoría de Ence. ALBA SOTELO (ADP)
La CEOE ultima unas duras alegaciones contra el reglamento que acorta la duración de las concesiones y que afecta a depuradoras, cetáreas, conserveras, colegios y a Ence

El borrador de decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende reformar el Reglamento general de Costas, un documento que amenaza el futuro de más de 4.900 edificaciones solo en los 2.500 kilómetros de costa que tiene Galicia entre depuradoras, cetáreas, conserveras, colegios y otras instalaciones como la factoría de Ence en la ría de Pontevedra, ha llevado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a poner el grito en el cielo. 

La organización que dirige Antonio Garamendi ultima unas alegaciones que trasladará al Gobierno en funciones de Sánchez con el fin de frenar una modificación legal que la patronal "rechaza" por resultar "innecesaria desde el punto de vista jurídico". Así lo recoge el borrador al que tuvo acceso AGN, un documento en el que los empresarios tachan de "injustificadamente recelosa y limitante de los títulos concesionarios en vigor" la modificación del reglamento de 2014, que acota a 75 años el tiempo máximo en el que una edificación puede permanecer en dominio público-terrestre, incluyendo las prórrogas. Hasta ahora, siguiendo la Ley de Costas, ese margen temporal es el que se aplicaba a las ampliaciones de las autorizaciones para permanecer en zonas de litoral.

El ejemplo más destacado es el de Ence, que en 2016 consiguió del Gobierno de Rajoy una prórroga de 60 años que, en teoría, garantizaba la permanencia en la ría de Pontevedra hasta 2073 de unas instalaciones que obtuvieron la primera concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre el 13 de junio de 1958. Las tornas cambiaron el pasado marzo debido a la decisión del Ejecutivo de Sánchez de allanarse en los recursos presentados contra la prórroga por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y APDR, dejando la Abogacía del Estado de defender la autorización otorgada por el PP. Para sostener este cambio de criterio, el Gobierno impulsó la reforma en ciernes del reglamento de la Ley de Costas, que obligaría a Ence a dejar la ría en 2033. 

La CEOE avisa de que el cambio legal, que tacha de "radical", amenaza a cientos de empresas y conduce a la "inseguridad jurídica"

El caso es que el cambio legal pone en entredicho el futuro de miles de instalaciones, lo que explica que la patronal trate de frenar la modificación normativa que, insiste, pretende fijar un plazo de duración "ínfimo e incompatible con el mantenimiento y mejora de las empresas del sector y de las poblaciones en las que se asientan". La organización también carga contra la inseguridad jurídica que genera este recorte "drástico" de las autorizaciones, por lo que pide "encarecidamente" al Gobierno que reconsidere su postura "a la luz de la sostenibilidad medioambiental que tiene acreditado el sector mar industria alimentaria" y mantenga en vigor el criterio de 2014. 

Entre otros argumentos, la CEOE defiende que la Ley de Costas es clara en su artículo 2.3, en el que especifica que "la duración" de las prórrogas "en ningún caso excederá de 75 años", un plazo que "se refiere, sin lugar a dudas" al aplazamiento "y no a la duración global" de la autorización. Se trata de una interpretación refrendada tanto por el Constitucional como por el Consejo de Estado. La patronal incide en que el criterio de la ley prima sobre cualquier reglamento y que no cabe el planteamiento del Gobierno de pretender ampararse en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 para defender el límite temporal de 75 años a los títulos de ocupación.

Dando un paso más, la Confederación carga contra el hecho de que el ministerio contemple restringir los plazos en función del uso de la concesión. Esto es, la idea es que los 75 años queden restringidos "a los proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros", limitando a 45 años el tiempo máximo para las instalaciones de "servicio público" —que no entra a detallar—, y a 30  para el resto, lo que incluiría a las industrias y locales hosteleros.

La CEOE critica que los cambios se planteen sin contemplar un régimen de transitoriedad especialmente para los 900 concesionarios que solicitaron una prórroga al amparo del reglamento de 2014.

Un golpe al sector mar-industria
La patronal llama a Sánchez a mantener el status quo ante el riesgo de "arriesgar la existencia y continuidad" del sector mar-industria y las inversiones realizadas si el reglamento sale adelante. En sus alegaciones, recuerda que cocederos, cetáreas, granjas marinas, depuradoras y conserveras son "verdaderos motores de la economía local y comarcal".

Captaciones y desagües
La CEOE censura que se reduzcan las autorizaciones de estas industrias alimentarias a 15 años debido a que sus tubos de desagüe y captación agua del mar ocupan zona de ribera de mar. La patronal alega que "están enterrados" sin obstaculizar "el uso público de la zona".

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