La revisión catastral se acerca a su fin con 356.000 obras regularizadas en Galicia

El proceso destapó 148.000 rehabilitaciones y ampliaciones, 144.400 inmuebles sin declarar y más de 7.000 piscinas en la comunidad

Vista aérea de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera Vista aérea de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El proceso extraordinario de regularización catastral que el Ministerio de Hacienda activó a finales de 2013 con el objetivo de actualizar el censo de construcciones con las obras sin declarar entra en su recta final con un total de 356.071 inmuebles y obras que han ido aflorando hasta el momento en Galicia y más de 38.000 alegaciones presentadas por los propietarios.

El resultado de este plan, de las subidas de tipos y de la actualización de valores que muchos ayuntamientos llevaban años sin realizar es que la recaudación del impuesto de bienes inmuebles —que
supone la cuarta parte de los ingresos totales que manejan las entidades locales y es el principal pilar de la recaudación al aportar 65 de cada 100 euros de impuestos— se ha disparado. El año pasado, el Ibi inyectó 514 millones a las arcas de los concellos solo en lo que respecta a las propiedades urbanas, lo que supone un incremento del 10% en los cinco años de duración de la revisión del registro catastral. Sumando el gravamen aplicado a las propiedades rústicas y a los bienes de características especiales —embalses, carreteras, puertos, aeropuertos o instalaciones de producción de energía—, la aportación superó los 561 millones.

Evolución del valor catastral de los bienes urbanos y rústicos en Galicia

Las inspecciones, que incluyeron la toma de fotografías sobre el terreno e incluso el uso de imágenes realizadas por drones o de satélite, hicieron emerger 148.090 ampliaciones y rehabilitaciones que no habían sido debidamente declaradas a la Dirección General del Catastro en la comunidad y otras 144.422 nuevas construcciones como garajes o alpendres. En las revisiones también se destaparon 56.473 reformas y cambios de uso y las pesquisas que el Gobierno encomendó a empresas privadas incluso han llegado a dar con 7.086 piscinas de cuya construcción no se informó al Catastro.

Según los últimos datos, en la comunidad hay actualmente 2,87 millones de bienes urbanos registrados, de los cuales un 56% son de uso residencial. En seis años, el Catastro incorporó en Galicia 172.700 bienes, lo que da una idea del impacto de la revisión, teniendo en cuenta que el procedimiento coincidió con la paralización de la construcción en plena crisis. 

Sumando las nuevas edificaciones a las ampliaciones y rehabilitaciones detectadas, el valor de las propiedades urbanas de los gallegos se incrementó en 14.000 millones desde 2012, hasta superar los 98.600. No hay que perder de vista que en esta evolución de las tasaciones también influyó la actualización de los valores catastrales en concellos con ponencias que llevaban años sin poner al día, con lo que no reflejaban ya la evolución de los precios de mercado.

Sumando las nuevas edificaciones a las ampliaciones y rehabilitaciones detectadas, el valor de las propiedades de los gallegos se incrementó en 14.000 millones desde 2012

El proceso —que también abarca los invernaderos y las naves agroganaderas— no ha estado exento de polémica, pues no han sido pocos los errores detectados por los propietarios al estudiar la documentación remitida por la Gerencia Regional del Castastro con la regularización de sus bienes, por la que se cobra una tasa de 60 euros. "Los fallos más habituales son la asignación errónea en el año de construcción fijado, la superficie construida otorgada a algunos locales regularizados o la calidad atribuida", señalan fuentes del ente dependiente del Ministerio de Hacienda, que añaden que con estas actuaciones también han aparecido «errores» ajenos a la revisión de los que el contribuyente se ha percatado al recibir la notificación. 

ERRORES. Para enmendar estas situaciones, los afectados presentaron unas 38.000 alegaciones, de las cuales 13.500 fueron cursadas por pontevedreses, en tanto que en la provincia de A Coruña se formularon unas 10.100, frente a las 8.070 de Lugo y las 6.350 de los ourensanos. En los casos en los que esta vía no fructifica, el siguiente paso es interponer un recurso de reposición ante la Gerencia del Catastro correspondiente, a lo que puede seguir una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o Central. 

Una vez que concluya este procedimiento extraordinario, que sigue su curso en los últimos 79 concellos que quedaban por revisar con el 31 de diciembre como fecha tope, la responsabilidad de declarar las nuevas edificaciones,  reformas que afecten al valor de una propiedad, cambios de uso e incluso los derribos será de sus dueños. La legislación concede dos meses desde que se certifica el final de la obra para informar al organismo público. No hacerlo, comunicarlo fuera de plazo o aportar datos falsos o incompletos acarreará una multa de entre 60 y 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de la conducta.

El recibo medio de la contribución se incrementó un 6%
Fruto del plan de regularización, la actualización de los valores y el incremento de los tipos del impuesto de bienes inmuebles (Ibi) del que muchos ayuntamientos echaron mano durante la crisis, en Galicia, el recibo medio de la contribución pasó de 174 euros en 2012 a 185 en 2016, el último año del que hay datos definitivos. El registro de propiedades sin dar de alta se tradujo en que el número de recibos se elevó en 117.500, hasta los 2,6 millones.

El Ibi de las parcelas
En cuanto al Ibi rústico que se paga por las tierras, aportó 14,3 millones a las arcas locales en 2016, un 60% más que en 2012.

32,6 millones de €
Esta fue la recaudación que los concellos alcanzaron hace dos años a cuenta del Ibi cargado a los bienes inmuebles de características especiales, esto es, el que grava los embalses, centrales eléctricas, parques eólicos, autopistas, puertos, aeropuertos y refinerías, entre otras infraestructuras. En este caso, la presión fiscal también creció, pues en 2012 se ingresaron unos 24,5 millones de euros.

Comentarios