Las tres sentencias que recogen la decisión del polémico pleno del Supremo de cargar a los clientes el impuesto de las hipotecas echando por tierra lo dictado el 16 de octubre por magistrados de ese mismo tribunal vieron este martes la luz, y con ellas quedó al descubierto la división interna que derivó en una ajustada votación en la que la banca había salido vencedora.
Esos fallos recogen la argumentación de los 15 jueces que respaldaron poner en manos del consumidor el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en la escritura ante notario de la hipoteca, pero también seis opiniones firmadas por una docena de magistrados que discreparon del criterio fijado, ese que el Gobierno dejó después en papel mojado con un cambio en la ley para proteger al clientes. La fractura queda patente con críticas directas y, en algún caso, duras.
Los que defendieron enterrar la inesperada sentencia del 16 de octubre que obligaba a la banca a asumir el tributo cargan contra lo que consideran un "drástico viraje jurisprudencial" respecto a lo que el Supremo "había declarado con anterioridad y por un largo tiempo", y tachan de "arbitrismo judicial" el paso dado por la sección segunda en un sentencia paralizada solo un día después de conocerse.
Aquellos que trataron de inclinar la balanza a favor de los hipotecados no se quedaron cortos en sus opiniones discrepantes. En ellas coinciden en defender el fallo que ponía el impuesto en manos de las entidades financieras, criticar la convocatoria del pleno que dictaminó justo lo contrario y destacar la bochornosa imagen que el alto tribunal mostró de cara a la sociedad ante tal embrollo.
"Causan extraordinaria preocupación los derroteros que ha tomado este asunto", comienza el voto particular apoyado por cuatro magistrados, en el que hablan de "un deshinibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentación poco rigurosa".
En otra de las opiniones firmadas, el exvicepresidente de la sala tercera del tribunal, José Manuel Sieira, carga contra su sucesor, Luis María Díez-Picazo, por someter al pleno la sentencia de octubre y generar una enorme contestación social. "Si el Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedirse el respeto a la misma por los juzgados y salas de los contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional?".
En la misma línea, otros cinco jueces llaman la atención sobre la incertidumbre generada, opinando que "se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el TS afirme una cosa y su contraria". Con ese telón de fondo, uno de los autores de los posicionamientos críticos señala que "estas sentencias van a pasar perennemente a la historia jurisprudencial como un baldón sonrojante".
Todos coinciden en que la doctrina que obligaba a la banca se apoyaba en unos argumentos "consistestes" y que solo restaba un pronunciamiento sobre la retroactividad o no de la medida. En todo caso, el Gobierno movió ficha y ahora son las entidades las que deben pagar el tributo, aunque se lo acaben cargando al cliente como se da por hecho.
