El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se reúne este lunes para analizar la doctrina de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas.
En una controvertida sentencia, el Supremo modificaba su jurisprudencia anterior e interpretaba el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concluyendo que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.
El "negocio inscribible", aclaraba la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.
Sólo un día después del fallo conocido el pasado 18 de octubre, el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, anunció que dado el "giro radical" en la jurisprudencia y la "enorme repercusión económica y social" provocados por la sentencia, se convocaba un pleno para aclarar los cabos sueltos.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe han explicado que el pleno, que no tiene necesariamente que anunciar este lunes sus conclusiones, no va a revocar la sentencia, sino a perfilar cuál es su alcance, si se aplica a las hipotecas que se firmen a partir de ahora o se retrotrae cuatro años atrás.
Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.
Por su parte, la plataforma Stop Deshaucios ha convocado para este lunes, a las 12.00 horas, concentraciones delante de los juzgados de toda Galicia "para reclamar que el pleno del Supremo (TS) no puede decidir otra cosa que confirmar" la sentencia que obliga a las entidades bancarias a abonar el impuesto sobre las hipotecas.
