A las puertas del inicio de la campaña de Navidad, que arrancará el 25 de noviembre con el Black Friday, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte vuelve a agitar el panorama con la convocatoria de un paro indefinido a partir de la medianoche del domingo, del que las principales patronales gallegas se desmarcan.
El colectivo, que puso el país patas arriba con la huelga de marzo, está integrado por autónomos y pequeñas empresas y no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el que las principales organizaciones se sientan a negociar con el Gobierno.
En esta ocasión, reclama al Ejecutivo central que garantice "bajo acuerdo firmado" que la Guardia Civil, la Inspección de Transporte y Hacienda colaborarán para controlar el cumplimiento por parte de las empresas cargadoras de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas. También demandan que Benemérita, policías locales e Inspección velen por el cumplimiento de la normativa de carga y descarga, que entró en vigor en septiembre y prohíbe que determinados conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas tengan que participar en estas tareas.
De otro lado, el colectivo que preside el albaceteño Manuel Hernández, también demanda al Ministerio de Transportes que modifique la ley de costes para "garantizar" su cumplimiento y que dé cobertura tanto al transporte pesado, como al ligero, a las furgonetas y a los áridos. En la lista de exigencias de la Plataforma también está establecer un listado común de partidas a incluir por todas las empresas a la hora de calcular sus costes, además de exigir multas de entre 70.000 y 90.000 euros para los cargadores que vulneren la ley.
La plataforma convocante del paro asegura haber denunciado incumplimientos por parte de "seis grandes operadores de transporte" y que, "un mes y medio después", desconocen si se les ha abierto algún expediente. "Si hasta la fecha indicada la Administración no trabaja y no demuestra que quiere colaborar con acuerdos firmados sobre las peticiones que el sector ha hecho, el transporte cesará su actividad", advierte Hernández, que reclama que los transportistas puedan trabajar "a unos precios que permitan hacer viables sus empresas".
Enfrente, la ministra Raquel Sánchez apeló este lunes a la "responsabilidad" de un sector que, reconoció, "lo ha pasado muy mal y lo pasa mal". Reivindicó que el Gobierno cumplió "con todos los compromisos" sellados para poner fin al paro que colapsó la cadena de suministros durante 20 días en marzo, y pidió tiempo para que el nuevo marco normativo vaya desplegando sus efectos.
En cuanto a las vulneraciones de las condiciones contractuales por parte de los cargadores, instó al sector a denunciarlas, yendo más allá de quejas "genéricas".
La patronal gallega se desmarca
En Galicia, autónomos y dueños de pequeñas empresas que apoyan a la plataforma convocante acordaron respaldar la medida de presión. Al parecer, fue en una reunión el domingo en Guitiriz a la que acudieron alrededor de medio centenar de personas. Así lo indicó Carlos García Cumplido, el secretario general de Fegatramer, patronal que afirma representar a "máis da metade" del transporte de mercancías en Galicia. "Non é axeitado e non existen motivos. Ademais, os convocantes non teñen representatividade en Galicia", afirmó el empresario, que recalcó que "ningunha das principais patronais" que operan en la comunidad secundará la huelga.
Además de recordar que el país se encuentra al borde de una recesión que provocará "unha caída das mercadorías a transportar", incidió en que todavía es pronto para evaluar el impacto de las medidas pactadas con Transportes y, en todo caso, recordó que la ley ya prevé que el porteador pueda exigir al cargador una indemnización cuando las operaciones de carga y descarga superen la hora. También rechazó que pueda fijarse un coste "estándar" para todas las empresas. Confiado en que no se repitan los actos vandálicos de marzo, situó en entre 250 y 300 euros al día el coste por vehículo parado.
"Hasta este momento, nuestros más de 1.200 socios y socias no nos han demandado un paro ni una asamblea extraordinaria para realizar una votación en ese sentido", señaló, por su parte, Apetamcor. En un comunicado, la patronal con sede en Ourense —que representa a unos 1.200 profesionales y que sí respaldó la huelga de marzo— apuntó que, en este caso, es "inviable" paralizar el sector. "Sería insostenible una segunda acción de este tipo en un mismo año, especialmente en las fechas en las que nos encontramos", argumenta el colectivo que dirige Myriam Otero, que considera que las modificaciones de la Ley del Transporte "mejoraron las condiciones laborales". En todo caso, la organización aprovechó la ocasión para demandar a sus socios que informen de las cargadoras que no cumplan la norma. rechazo.
Rechazo a nivel estatal
A nivel estatal, el paro —con el respaldo expreso de Vox— cuenta con el rechazo de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, la mayor patronal del sector, que avisó de que los precios en los supermercados subirán más y reclamó que las fuerzas de seguridad garanticen el orden durante la huelga.
También se postulan en contra la Asociación del Transporte Internacional por Carretera y la patronal de la logística Uno, que tacha la medida de "irresponsable" en una campaña de Navidad en la que miles de empresas "se juegan su cuenta de resultados" al preverse el tráfico de 100,3 millones de envíos, además de tachar de "completamente ilegal e imposible" fijar precios mínimos.
Por su parte, las principales organizaciones de la cadena alimentaria y la hostelería reclaman garantizar el abastecimiento y evitar "episodios violentos".
