La salida de la recesión ha marcado el año desde el punto de vista económico, si bien la incipiente recuperación todavía no se nota en el mercado laboral, que podría cerrar 2013 con menos parados, pero no por el aumento de la ocupación sino por el descenso de la población activa.
A lo largo del año se ha ido frenando la caída de la economía, ayudada por la buena evolución del sector exterior que ha permitido contrarrestar la debilidad del gasto y la inversión en el mercado doméstico.
Esa pauta ha permitido dejar atrás una recesión de nueve trimestres consecutivos, después de que entre julio y septiembre la economía avanzara un 0,1 % y el consumo de los hogares se recuperara gracias a una evolución menos negativa de los salarios y por un aumento de la confianza en la mejora de la economía a corto plazo.
El dinamismo del turismo y las exportaciones, sobre todo de sectores como los bienes de equipo, el automóvil o la alimentación, han permitido recortar el déficit comercial casi un 60 %, a lo que ha contribuido también la reducción de la factura energética, originada en la dependencia que España tiene del petróleo, el gas y la electricidad del exterior.
La competitividad del sector exterior se ha visto favorecida por el proceso de devaluación interna consecuencia de la reducción de los costes del trabajo y el recorte del gasto público, a lo que se suma una inflación muy contenida que en noviembre se situó en el 0,2 %.
La corrección del déficit comercial ha ayudado a cambiar el signo de la balanza de pagos, que registró un superávit de casi 3.000 millones de euros hasta septiembre, después de que desde principios de año se hayan producido entradas netas de capital y la economía tenga ya capacidad de financiarse por sí misma.
No obstante, la deuda pública ha ido aumentando y en septiembre alcanzaba una suma equivalente al 93,29 % del PIB, un nivel récord que supera el objetivo para todo 2013 y que el Gobierno justifica en el adelanto de las emisiones de deuda del Tesoro que se han completado antes de terminar el año.
La incipiente recuperación de la economía contrasta con la situación del mercado laboral y el aumento del total de personas desempleadas que en el primer trimestre del año tocó techo al superar los 6,2 millones, lo que elevó la tasa de paro al 27,16 %, las cifras más altas desde que existe la Encuesta de Población Activa (EPA).
En los dos trimestres siguientes la tasa de paro ha bajado al 25,98 %, hasta poco más de 5,9 millones de desempleados, si bien la cifra todavía sigue siendo superior a la de un año antes, situación que se podría enderezar en el último trimestre del año, aunque son unos meses en los que habitualmente aumenta el paro.
La ocupación ha caído a niveles de 2002, hasta 16,8 millones, después de que tocara fondo en el primer trimestre y se recuperara en el segundo y el tercero, si bien en tasa interanual se sigue destruyendo empleo, más entre los asalariados que entre los trabajadores por cuenta propia y más en el sector público que en el privado.
Al mismo tiempo la población activa ha retrocedido a niveles de 2008 (22,7 millones de personas), lo que el Gobierno achaca fundamentalmente a los extranjeros que se han marchado del país, aunque también pasan a contar como inactivos los jubilados y quienes se desaniman y dejan de buscar empleo porque creen que ya no lo van a encontrar.
Los últimos datos sitúan el número de hogares con todos sus miembros en paro en el entorno de 1,8 millones, menos de los que había al cierre de 2012, mientras la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) está en el 54,39 %, por debajo del 55,13 % con el que acabó 2012.
El control del déficit público ha seguido siendo en 2013 una de las prioridades de la política económica del Gobierno, que confía en lograr el objetivo anual del 6,5 % del PIB, gracias a un mayor superávit de los ayuntamientos y a una vigilancia más estrecha de las autonomías que pudieran desviarse de la meta.
El déficit acumulado hasta septiembre por la Administración Central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social se situó en el 4,8 % del PIB, descontando las ayudas al sistema financiero.
El desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social por la falta de cotizantes y el aumento de los pensionistas ha sido la razón que ha llevado a adelantar la reforma de las pensiones para introducir el factor de sostenibilidad, que ajustará la cuantía inicial de las prestaciones a la esperanza de vida.
La reforma, que no tiene el consenso de los agentes sociales y ha sido rechazada por la oposición parlamentaria, incluye el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que se desligarán de la evolución de la inflación y subirán un mínimo del 0,25 % y un máximo del IPC más el 0,50 %.
