Tras haber logrado completar a contrarreloj la tramitación de 120 de los 140 parques eólicos cuyos permisos de acceso y conexión a la red iban a caducar este miércoles --con la emisión de declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables para 77 proyectos y 43 negativas para iniciativas que serán archivadas--, la Xunta insta al Ministerio para la Transición Ecológica a rendir cuentas sobre la parte que le toca.
En los próximos dos años y medio, en los montes gallegos se desplegarán 2.200 megavatios (MW) de nueva potencia eólica tramitada por la Xunta y ahora falta que el Gobierno central aclare, a su vez, cuántos proyectos validará.
Como encargado de autorizar los parques de más de 50 MW el departamento que gestiona Teresa Ribera tenía sobre la mesa, entre otros proyectos cuyo ‘enganche’ a la red expira, dos promovidos por Greenalia y ligados a un contrato bilateral (PPA) sellado con Showa Denko (ahora Resonac), que proyecta una nueva fábrica de grafito para baterías de coches eléctricos en A Coruña. Otros seis impulsado por Enel Green Power –la filial de renovables de Endesa—, que suman 611 MW, forman parte del PPA firmado el pasado octubre con Alcoa para suministrar energía a la planta de San Cibrao a un precio estable. “Non temos ningún tipo de comunicación do ministerio a respecto de se cumpren ou non a resolución de impacto ambiental”, explicó esta mañana el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, en una comparecencia conjunta con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el área de Gobierno del Parlamento gallego. En cambio, la Xunta incide en que los diferentes departamentos autonómicos sí emitieron los informes sectoriales solicitados por el Gobierno central en tiempo y forma, todos en sentido favorable a estos proyectos, avanzó el conselleiro.
Nueve de los 20 parques de menos de 50 MW vinculados al suministro de Alcoa que revisó la Xunta al caducar sus permisos de conexión obtuvieron una declaración de impacto ambiental negativa. Otros tres no lograron pasar el trámite a tiempo y ocho tienen luz verde
En la segunda mitad de 2022, la Xunta declaró la excepcionalidad de estos ocho parques y de otros cinco para allanar su tramitación fuera de las áreas de desarrollo que contempla el Plan Sectorial Eólico de Galicia por su función “vertebradora” del territorio y por su interés especial al estar ligados al suministro de Alcoa, Resonac y a la futura planta de neumáticos que Sentury Tire levantará en As Pontes. En total, suman 1.137 MW en tramitación en el ministerio, de los que ocho tenían este miércoles como fecha límite para obtener la DIA favorable.
Para curarse en salud, ante la posibilidad de que algún expediente no salga adelante. La Xunta despliega un elenco de propuestas con el fin de contribuir a reducir los costes energéticos de la industria electrointensiva y evitar cierres.
Conde, que esta tarde se reunirá con el comité de empresa de la multinacional del aluminio para abordar la situación, explicó que, al margen de los parques tramitados por el ministerio, la Xunta revisó 30 expedientes de menos de 50 MW ligados al suministro de Alcoa, de los que 20 –que suman 458 MW-- tenían como fecha tope para obtener la DIA el día de hoy. Pues bien, ocho han obtenido DIA positiva de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, lo que representa una bolsa de 207 MW. Los 12 restantes –251 MW-- o bien recibieron una respuesta negativa (9 expedientes que suman 156 MW) o no lograron pasar el trámite ambiental en tiempo.
Doble vía para Alcoa y el resto de electrointensivas
La Xunta propone “unha dobre vía de traballo” para Alcoa. ¿En qué consiste? En función de los parques que autorice el ministerio, la Xunta señala que tanto Enel como Greenalia –que también rubricó un PPA con Alcoa—han logrado tramitar con éxito parques ajenos a esos acuerdos de suministro que podrían incluirse en el marco de una renegociación entre la planta de Cervo y las energéticas. En esta situación están cinco proyectos de Greenalia (139 MW) y tres de la filial de Endesa (91 MW).
La “segunda posibilidade” sería que Alcoa, “ou o resto de industrias que queiran”, negocien PPAs con otros promotores cuyos parques irán adelante. Incluso cabría una tercera opción, que exploren acuerdos con los impulsores de parques que ya están operativos.
Conde reivindica un precio eléctrico competitivo para la industria y avisa de deslocalizaciones a Francia
Conde fue tajante al advertir de que “hoxe en día” hay electrointensivas en Galicia “diferentes a Alcoa” que tienen parada su producción “porque non teñen un prezo eléctrico competitivo”. Señaló que alguna compañía ya está “deslocalizando a Francia” su producción porque allí la electricidad resulta “cinco veces máis barata”. Es por ello que, al margen de la tramitación de potencia renovable”, recordó a Ribera que, “de forma complementaria” hay que crear un marco energético “homologable ao resto de países europeos” para que los grandes consumidores de energía puedan “competir en igualdade de condicións”. De ello depende, avisó, el compromiso de rearranque de la división de aluminio en enero de 2024 en San Cibrao.
77 parques operativos en el verano de 2025
Con respecto a los 2.200 MW de nueva potencia que vendrán a sumarse a los 3.878 MW operativos en los montes, el vicepresidente explicó que, tras superar el trámite ambiental, ahora la Xunta dispondrá de seis meses para conceder la autorización administrativa de construcción, tres meses en el caso de los proyectos declarados estratégicos. En paralelo, los promotores deberán obtener la autorización de las líneas de evacuación. Y tras la obtención del permiso para levantar el parque, las empresas dispondrán de dos años de margen.
En un escenario en el que la revisión acelerada de estos proyectos ha generado descontento social, Conde recalcó que la protección “do medio natural” ha sido “prioritaria”, al igual que “garantir a seguridade xurídica” a los promotores. Muestra de ello son los 43 expedientes con DIA negativa que serán archivados y representaban 1.114 MW.
Otros 417 MW en tramitación
En cuanto a los 20 parques que la Xunta no logró revisar en tiempo, y que suman 417MW, su tramitación seguirá. Los que obtengan la DIA positiva –que será informada a la Delegación del Gobierno en Galicia-- no podrán obtener la autorización de instalación definitiva hasta que no logren renovar su permiso de acceso con Red Eléctrica (Redeia). Conscientes del riesgo de que los promotores acudan a los juzgados por el daño patrimonial causado, el Ejecutivo gallego incide en que su intención es “dar certezas” a las empresas, por lo que no ejecutará los avales que tuvieron que depositar en su día.
De su lado, la conselleira de Medio Ambiente puso en valor la “coordinación” de los diferentes departamentos autonómicos para completar “en tempo e forma” las DIA, lo que exigió “moitísimo esforzo”. Para cumplir con los plazos que el ministerio se negó a prorrogar, recordó, fue necesario contratar a 120 trabajadores, con jornadas que se prolongaron hasta la medianoche, fines de semana y en Navidad. Además de los 140 proyectos autonómicos sobre la mesa, la consellería también tuvo que informar de otros 24 expedientes de más de 50 MW tramitados por el Estado.
Vázquez augura "un coadoiro" al suprimir el Estado los informes ambientales
“Multiplicamos por 1.000 o número de declaracións de impacto ambiental emitidas nos últimos tres meses en relación aos últimos anos”, señaló Ángeles Vázquez que fue muy contundente al expresar el rechazo de la Xunta a que el Gobierno de Pedro Sánchez se disponga a permitir hasta finales de 2024 la tramitación de proyectos sin DIA en zonas no protegidas para acelerar el desarrollo renovable. “Unha declaración de impacto ambiental é rigor, é un traballo metódico que dá seguridade xurídica á Xunta e ao promotor”, recalcó, para luego avisar de que esto podría convertirse “nun auténtico coadoiro para a instalación de eólicos”. En la esfera política, señaló que los “distintos grupos políticos” deben reaccionar ante esta relajación de las exigencias ambientales incluida en el decreto anticrisis validado el martes en el Congreso, por lo que retó a BNG y PSOE a hacer pública su “opinión”.
La melidense, que también afeó al Gobierno que no haya publicado en el BOE los informes ambientales de los proyectos que evaluó, incidió en que la transición energética no puede suponer “café para todos”, desde el convencimiento de que Galicia tiene “un territorio, unha paisaxe e uns núcleos rurais que ten que protexer”.
En este sentido, reconoció que en áreas como Vimianzo, la Serra do Suído o la comarca de O Barbanza se ha detectado “unha masificación” de proyectos, lo que explica que la Xunta haya emitido varias DIA desfavorables ante unos aerogeneradores que, entre otras cuestiones, afectan al vuelo de las aves al actuar como “barreiras”. En esas zonas, se mostró partidaria de no instalar más megavatios.
