De buena familia, clase acomodada, entrenador de fútbol de categorías inferiores y de un trato excelente con los padres. Así se presentaba en Cantabria Jonathan C.G., el joven de San Vicente de la Barquera que el martes confesó haber cometido 46 delitos contra la intimidad sexual de menores de edad de todo el país, muchos de ellos de la provincia de Pontevedra. Nadie dudaba, según varios testigos, de la integridad de un joven que, con 24 años, cayó en las redes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Pontevedra a raíz de la denuncia de los padres de un menor de Meis, una de las víctimas de los hechos. La sentencia dictada este martes contra él en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra tiene relevancia histórica, pues es la más severa de cuantas se han redactado en España en relación con los delitos telemáticos y la pornografía infantil.
Los hechos 41 delitos de sexting y cinco de elaboración de pornografía infantil con al menos diez víctimas en la provincia de Pontevedra
El modus operandi del ahora condenado, que salió libre del Pazo de Xustiza de Pontevedra a la espera de que se haga efectivo su ingreso en prisión, consistía en usurpar la identidad de una niña menor de edad para emplearla con fines ilícitos. J.C.G. enviaba fotos de la citada niña (K.M., se llamaba) por distintas vías, en especial la conocida red social Tuenti o el programa Skype, a otros menores, la mayor parte de ellos niños. Su objetivo era ganarse su confianza y que ellos, a cambio, le enviasen imágenes suyas o con otros menores de carácter sexual. Cuando no conseguía su propósito llevaba a cabo coacciones o amenazas, de manera que obligaba, de algún modo, a sus víctimas a plegarse a sus intereses.
El encausado reconoció en Pontevedra que se hacía pasar por una menor de entre 14 y 15 años para iniciar y mantener conversaciones con los citados 45 menores "para luego comenzar a pedirles fotos atrevidas, en ropa interior, y en función de la contestación de los menores, les solicitaba que se hiciesen y que le enviasen fotografías más explícitas, desnudos, exhibiendo sus genitales o masturbándose", según relata la Fiscalía en un escrito de acusación que es la base de la sentencia, que añade que también les pedía imá- genes "interactuando con algún amigo también menor, desnudos los dos, o incluso haciéndose tocamientos mutuos con la promesa de que él les enviaría a continuación fotografías similares de la supuesta K.".
Las penas Además de una larga estancia en prisión, el procesado permanecerá en libertad vigilada durante 66 años más
Todas esas imágenes fueron recibidas por el encausado entre los meses de agosto de 2013 y mayo de 2014 por al menos cuatro de los diez menores que pudieron ser identificados en la provincia de Pontevedra, según el relato del fiscal que dio por bueno el propio investigado y que se tradujo en el dictamen elaborado este martes en la Audiencia Provincial.
El acusado enviaba a sus víctimas archivos en los que se podía observar a una menor de edad exhibiendo sus pechos y sus genitales y que se correspondían con "una joven que no pudo ser identificada", según explica la sentencia. Al parecer, esta chica le había enviado el contenido al acusado "a petición expresa de aquel".
La sentencia es "histórica", según valoraron el martes la Fiscalía Provincial, por una parte, y los investigadores, por otra. Se trata de uno de los mayores éxitos de los investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, con José Torres, responsable de la Brigada de Investigación Tecnológica, como punta de lanza de uno de los equipos más productivos del Instituto Armado.
