Los negociadores de Junts y PSOE que tratan de cerrar un acuerdo en Bruselas sobre la ley de amnistía que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tienen previsto seguir negociando —también durante la noche— para tratar de superar los últimos escollos que frenan el pacto y que este martes llevó a las partes a rebajar las expectativas de que el entendimiento fuera inminente.
Desde que el pasado domingo regresó a Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, los contactos entre las partes no han cesado, si bien han evitado los encuentros cara a cara. El lunes, de hecho, la plana mayor de Junts, a excepción de su líder, Carles Puigdemont, estuvo reunida a escasos metros del hotel en el que se encuentran los socialistas pero no llegaron a coincidir.
El intercambio de documentos para perfilar la ley continuará, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación, mientras las dos partes insisten en que siguen trabajando y avanzando, pero con cuestiones técnicas aún por resolver. En este sentido, las fuentes consultadas atribuyen la "lentitud" en el proceso a la densidad del texto, que requiere la revisión de asesores legales de uno y otro partido y añaden que la negociación avanzaría "más rápido" si se tratase solo de una cuestión política.
Subrayan además la trascendencia de la "primera ley de amnistía de la democracia" y la importancia por tanto de hacer un "buen trabajo" sin marcarse "ninguna fecha" de plazo, más allá del límite del 27 de noviembre para que sea posible una investidura y a pesar de que desde el PSOE se había apuntado como posible calendario esta misma semana.
"La presión la tienen los socialistasí", han destacado desde Junts, dejando claro que el margen de la negociación puede alargarse hasta ese día 27. Así, consideran que todavía hay tiempo: "Estamos haciendo lo que no ha hecho ERC", añaden esas fuentes.
El estancamiento en el diálogo ha venido acompañado de una polémica por las manifestaciones contra la amnistía convocadas ante las sedes socialistas y la respuesta policial a las mismas.
Vía para la impugnación
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al atribuir un "rol de liderazgo" a Puigdemont en Tsunami Democràtic y que ha sido contestada por el independentismo, abre una vía para impugnar una eventual ley de amnistía ante la Justicia europea al invocar una directiva de la UE que establecería el compromiso de los estados para luchar contra el terrorismo.
A la vez el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma inmediata el procedimiento de la ley de amnistía que había pedido la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, al destacar que "el ejercicio de la iniciativa legislativa no es enjuiciable" ante este tribunal.
La declaración contra la amnistía aprobada por el Consejo General del Poder Judicial con el voto a favor de los vocales conservadores ha provocado la respuesta del Ejecutivo por boca de Isabel Rodríguez, que ha considerado "inaudito" que se haya pronunciado sobre una ley que no existe.
"Igual hubiera estado bien -ha añadido- que estas mismas personas que conforman este órgano hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta muy directamente, que es su mandato caducado en los últimos cinco años".
Tensión por las manifestaciones
Las protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE han abierto un nuevo frente entre los partidos, ya que el PP ha criticado que Interior obligara a la policía a cargar de "manera injusta" contra los manifestantes y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado a Sánchez de "aprendiz de tirano" por "ordenar emprenderla a porrazos y con gases lacrimógenos".
El sindicato de Vox, Solidaridad, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y a la vista de nuevas concentraciones y el "ánimo agresivo de sus llamamientos", el PSOE y el PSC han decidido suspender la actividad de sus sedes por las tardes.
En defensa de la policía han salido Grande-Marlaska, que ha negado que su actuación obedezca a criterios políticos, e Isabel Rodríguez, quien ha afirmado que actúan siempre bajo los parámetros de la proporcionalidad y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene "con rotundidad" los ataques a las sedes socialistas.
Poco después, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha condenado los actos vandálicos y violentos que pueda haber en las manifestaciones contra la amnistía, pero los considera acciones individuales y puntuales que se producen por el "malestar" ante las negociaciones de Sánchez con los independentistas y ha priorizado el derecho a manifestarse dentro de los cauces legales.
El Senado se prepara
El Senado, que cuenta con mayoría absoluta del PP, se prepara para retrasar la tramitación de la hipotética ley de amnistía y ha incluido en su sesión plenaria del miércoles el cambio de su Reglamento que lo permitiría.
La modificación, que el PSOE ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, avalaría a la Mesa del Senado para decidir si una proposición procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia, es decir en un plazo de 20 días, o de forma ordinaria, lo que puede demorar su aprobación hasta un máximo de dos meses.
Huelga en Renfe y Adif
El acuerdo de investidura firmado por el PSOE y ERC, que incluye el traspaso a Cataluña de la gestión de Rodalies, ha abierto un frente en Renfe y Adif, ya que sus sindicatos han convocado cinco días de huelga en protesta por esa decisión.
Las jornadas de paros de 24 horas serán los próximos 24 y 30 de noviembre, y 1, 4 y 5 de diciembre, en pleno puente de diciembre.
