El juez imputa a Puigdemont y Rovira en la recta final de las negociaciones

Se incluye la amnistía a casos fuera del procès ► Feijóo anuncia protestas contra los pactos de Sánchez en todas las capitales el domingo ► Vox se querellará contra Sánchez y las mesas del Congreso y Senado por la ley de amnistía
Imagen de la reunión entre Santos Cerdán y Puigdemont. JUNTS X CAT
photo_camera Imagen de la reunión entre Santos Cerdán y Puigdemont el 30 de octubre. JUNTS X CAT

La Fiscalía recurrirá el auto que implica a Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir el auto del juez Manuel García Castellón que dirige la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.

Fuentes fiscales han informado a EFE de esta decisión, que se apoya en la convicción de que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de terrorismo y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.

De hecho, las fuentes consultadas han añadido que, antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, de acuerdo con las informaciones policiales que constan en el procedimiento.

Por ello, la Fiscalía recurrirá en apelación el auto en el que García Castellón cita como investigada a Rovira y a otras ocho personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.

El juez considera que las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una "organización estructurada" y "jerarquizada" surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés', podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlos como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella. 

El acuerdo entre PSOE y Junts, cerca

PSOE y Junts avanzan en la negociación de un acuerdo de investidura este lunes en Bruselas, que incluye una ley de amnistía en la que finalmente estarán incluidos responsables no relacionados directamente con el proceso independentista, según fuentes de la negociación.

Los miembros de la permanente de Junts se han desplazado a la capital belga para reunirse de nuevo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el objetivo de avanzar en las negociaciones con el PSOE para un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez.

También ha viajado a la capital belga el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque fuentes socialistas han confirmado que no se ha reunido de forma presencial con los miembros de Junts, aunque eso no ha evitado que la negociación avance "poco a poco" mientras los asesores jurídicos de uno y otro partido revisan los tecnicismos del texto.

Las mismas fuentes señalan que eso hace que el proceso se "dilate" en el tiempo y evitan hacer estimaciones de la previsión de cierre de un posible acuerdo.

En la misma línea, fuentes de Junts señalan que están intercambiando documentos con el PSOE sobre la ley de amnistía para "afinar" y que no quede nada suelto, según trasladan.

Por otro lado fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que el PSOE ha aceptado que la amnistía incluya a responsables no relacionados directamente con el proceso independentista, sin concretar los casos y nombres que podría cubrir-

Junts pedía que la amnistía incluyera a los afectados por el caso Volhov (presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista) y casos enmarcados en lawfare.

Uno de los afectados por Volhov es el jefe de la oficina del expresidente Puigdemont y su mano derecha, Josep Lluís Alay, y Junts también quiere que la amnistía incluya otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye; el exconseller de la Generalitat Miquel Buch y la propia Borràs.

Manifestaciones del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el PP estará el próximo domingo, 12 de noviembre, en las plazas de todas las capitales de provincia de España para protestar en contra de los pactos de Pedro Sánchez para su investidura.

Ante la Junta Directiva Nacional de su partido, que reúne a dirigentes, parlamentarios y barones, Feijóo ha señalado que no les amedrentarán y actuarán en todas las instancias contra la amnistía del procés o las quitas de la deuda catalana pactada entre PSOE y ERC.

"En la calle, en los Ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobernamos, en ayuntamientos y comunidades en la oposición para que se retrate el PSOE, con la mayoría absoluta en el Senado y como grupo parlamentario en el Congreso; con un rotundo no a la investidura de Pedro Sánchez y un rotundo sí a la libertad, igualdad y dignidad de los españoles", ha recalcado.

Y ha anunciado que el día 12 a las 12.00 horas estarán en todas las capitales de provincia, una convocatoria que se añade a los actos de partido en Galicia, Madrid, Toledo, Málaga o Valencia, mientras que el 18 de noviembre participarán además en la manifestación convocada por la sociedad civil en la plaza de Cibeles de Madrid.

Vox se querella

Vox presentará ante el Tribunal Supremo una querella por cohecho contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y por prevaricación contra los miembros de las mesas del Congreso y el Senado, si admiten a trámite la ley de amnistía por considerarla "flagrantemente inconstitucional".

Así lo ha anunciado este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, en una rueda de prensa en la que ha explicado que este lunes enviarán un requerimiento previo a la Presidencia de ambas cámaras advirtiéndoles de "la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional".

Ha recordado que la iniciativa "ya fue declarada inconstitucional e inadmitida a trámite en la anterior Mesa del Congreso de los Diputados, previo informe de quien entonces era el letrado".

Además del requerimiento, los 33 diputados de Vox presentarán recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo medidas cautelares para que no se celebren plenos con la ley de amnistía en el orden del día.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia diseñada por el partido de Santiago Abascal para frenar los acuerdos de Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes para lograr de nuevo su investidura como presidente del Gobierno caminando "directamente" hacia "la ilegalidad".

"Vamos a oponernos con todos lo medios legales", ha advertido el líder de Vox, que pretende además que todos los gobiernos autonómicos presenten recursos contra la ley de amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña ante el Tribunal Constitucional, como ya se ha acordado hacer desde Castilla y León.

Acuerdo en "las próximas horas"

El exdiputado y negociador de Sumar con los partidos independentistas catalanes para la investidura, Jaume Asens, ha señalado que el acuerdo entre PSOE y Junts está en la recta final, asegurando que se cerrará "en las próximas horas, como mucho mañana".

Asens ha indicado que no ve "ningún obstáculo importante" para que el acuerdo se pueda firmar lo más pronto posible y la investidura de Pedro Sánchez se celebre "esta misma semana".

"Creo que esta semana, en las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo", ha expresado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El negociador ha explicado que en este momento se está "afinando la letra pequeña" de la amnistía para que "no haya ambigüedad" y que "los jueces no impongan su voluntad al legislador y se limiten a aplicar la ley".

El PP pide ayuda a la UE

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha reclamado este lunes a la Unión Europea actuar ante la amnistía que está negociando el PSOE con los partidos independentistas para lograr la investidura del socialista Pedro Sánchez y ha avisado que irá "hasta el final" ante esta "violación del Estado de Derecho".

Así lo asegura en una pregunta parlamentaria prioritaria dirigida a la Comisión Europea en la que denuncia que "esta amnistía masiva" que prepara Sánchez es "un pago a sus socios a cambio de su apoyo parlamentario" que "vulnera el Estado de derecho, la igualdad y la separación de poderes".

"La UE no puede mirar hacia otro lado cuando se atropellan principios que dice defender. El Gobierno en funciones está borrando de un plumazo a la Justicia amnistiando a condenados, procesados y fugados", subraya Montserrat.

200 juristas en defensa de la amnistía

Más de 200 juristas y personas vinculadas con el mundo del Derecho se han adherido ya, a las pocas horas de haberse promovido, al Manifiesto "Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia", según informa IU en un comunicado.

Este manifiesto surge, según la citada fuente, de un encuentro entre diferentes abogados y "operadores jurídicos", en el que muestran su preocupación por "los ataques a una posible y necesaria Ley de Amnistía".

En dicho encuentro también expresaron su preocupación por la "desestabilización de las instituciones democráticas" organizadas, en su opinión, "por la derecha" en el ámbito social, político y judicial.

Entre los firmantes del texto también figuran el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, o el coordinador del equipo de esta formación en el Congreso, Juan Moreno, miembros ambos de la dirección federal de IU.

Igualmente lo han firmado otros dirigentes del espacio de Sumar y de su grupo parlamentario como el diputado y miembro de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello, así como la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, ambos también profesores de Derecho .

Una vez que transcurran unos días para la recogida de más adhesiones, los promotores del manifiesto "Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia" tienen la intención de remitirlo a las distintas instituciones.

Su objetivo es que "conozcan de primera mano su contenido y puedan comprobar el respaldo y fuerza con la que cuenta", añaden las mismas fuentes. 

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