La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar de nuevo en el caso de los ERE al exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández y a otros exaltos cargos por una nueva ayuda de 35,5 millones de euros entregados a la empresa malagueña A Novo Comlink.
Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, pide imputar a Antonio Fernández, al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz y a los ex directores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Además, solicita que se impute a los directivos de la empresa Gilbert Weill y Carlos Castiñeiras, al abogado de Bufete Garrigues José Miguel Caballero y otros altos cargos de las agencias andaluzas IFA e IDEA.
La Fiscalía pide la formación de esta pieza a la espera de que la Audiencia de Sevilla resuelva definitivamente su petición de formar un sumario con cada ayuda investigada en el caso de los ERE y elevar al Tribunal Supremo la referida a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La juez ha respondido en autos recientes que de momento es necesario mantener la unidad de la causa, pero Anticorrupción le responde que esta nueva pieza, al igual que otras pedidas recientemente como la de Altadis, tiene por objeto "avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias" y, por otra parte, adoptar medidas cautelares que "aseguren el mayor retorno de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita".
En el caso de A Novo Comlink, ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga, presentó en el año 2005 una petición de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 224 trabajadores y la Junta se comprometió a entregarle entre 2007 y 2015 un total de 20.851.000 euros según el Plan Social pactado con los trabajadores. Hasta el año 2010, el total pagado por la agencia IDEA ascendió a 35.000.200 53.804 euros, más otros 495.251 euros según los "pagos cruzados" que se imputan a Francisco Javier Guerrero.
Precisa Anticorrupción que en julio de 2008 se firmó un Convenio de Colaboración entre la dirección general de Trabajo y la agencia IDEA para que la Junta financiase el Plan Social de A Novo, traslado de la fábrica y liquidación de proveedores del que "consta el conocimiento" por parte de Antonio Fernández y el entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ha sido preimputado en la causa, junto a Chaves y Griñán, dada su condición de aforado.
Entre las presuntas irregularidades, Anticorrupción recoge que la póliza para los trabajadores preveía 1.049.959 euros para José Pardo Fernández, alto directivo de la empresa, cuya prima es "excesivamente elevada y muy superior a la media de los demás trabajadores", por lo que pide que también sea imputado.
Otro beneficiario de esta póliza fue Manuel Jiménez de Miguel, que no figuraba en ninguno de los ERTE de la empresa, fue contratado como trabajador en Sevilla entre 2006 y 2008 y su inclusión obedece presuntamente a la intervención de Ramón Díaz Alcaraz, asesor de la dirección general de Trabajo, tras no conseguir introducirlo en otras pólizas.
