El Gobierno asturiano ha encargado a sus servicios jurídicos emprender las acciones oportunas contra el reparto del déficit decidido por el Ejecutivo central para el periodo 2013-2016 entre el Estado, al que le correspondería un techo del 5,2 por ciento en relación al PIB, y las comunidades autónomas, que dispondrán de un 1,3 por ciento.
Según ha anunciado el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, esta decisión ha sido adoptada hoy por el Consejo de Gobierno en una reunión de carácter extraordinario que ha autorizado en primer término a su consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, a que plantee un requerimiento al Ejecutivo instándole a modificar el reparto aprobado.
A juicio del Principado, el reparto decidido por el Gobierno central después de que Bruselas autorizara un incremento del déficit previsto para el conjunto de administraciones públicas españolas resulta "lesivo" para las comunidades autónomas e incumple los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Dicho reparto contemplaba que de los dos puntos más de déficit autorizado por la UE -que pasaban del 6,5 al 4,5 por ciento del PIB- el Gobierno central se reservó el 70 por ciento de este incremento y otorgó a las comunidades autónomas el 30 por ciento restante.
Además de esta medida, los servicios jurídicos del Principado siguen estudiando la posibilidad de recurrir también el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que la semana pasada estableció objetivos de déficit asimétrico entre comunidades.
Según el portavoz del Principado, el reparto aprobado para las distintas administraciones no respeta las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tanto por las cantidades establecidas como por el procedimiento seguido para determinarlo.
Para el Gobierno asturiano, la decisión de reservar para la administración central el 70 por ciento del incremento de déficit autorizado por la UE y conceder el 30 por ciento restante a las autonomías sitúa este objetivo "muy lejos" de la estructura real de gasto público existente en España.
Martínez ha incidido en que el Principado ha esperado hasta ahora para tomar esta decisión para cumplir los plazos previstos para recurrir dicho reparto, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 junio, dado que el 28 de agosto es la fecha límite para que una comunidad pueda plantear un requerimiento al Gobierno, paso previo al inicio de acciones jurídicas.
"Siempre hemos mantenido una postura firme y contundente para exigir un reparto equilibrado y justo del objetivo de déficit en un contexto de declive en la recaudación de impuestos propios y de inelasticidad de los gastos sociales y siempre nos hemos encontrado con la negativa y la imposición del Gobierno de España", ha añadido.
Martínez ha recordado que el pasado 21 de junio el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) fijó el objetivo de déficit en el 6,5 por ciento de su PIB en el periodo 2013-2016, dos puntos más de los que España disponía hasta entonces, y que la distribución entre el Estado y las comunidades autónomas debía hacerse de acuerdo con las cifras de déficit de 2011.
Para dicho periodo el Gobierno aprobó un límite del 5,2 % para la administración central y del 1,3 % para las autonomías, con una distribución anual que situaba el techo para el Estado en el 4,8 y para las autonomías en el 1, en 2014; el 3,5 y el 0,7, respectivamente, en 2015; y el 2,6 y el 0,2, en 2016, "una programación que no se corresponde con las disposiciones transitorias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
A su juicio, este reparto resulta "muy lesivo" para el conjunto de autonomías y, en el caso de Asturias, se ve perjudicada además por la distribución de forma asimétrica del déficit entre las distintas comunidades para el actual ejercicio, una medida en la que el Principado aprecia también "materia suficiente" para recurrir.
