La Audiencia Provincial de Madrid resolvió que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la financiación de Podemos, Juan José Escalonilla, debe continuar indagando si hubo una administración desleal de la Caja de Solidaridad —una supuesta caja B del partido—. Esta decisión llega después de que un juzgado de Madrid archivara esa parte de la causa en octubre.
La investigación sobre ese aspecto concreto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, que sugirió una presunta administración desleal por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.
Ahora, el tribunal estima el recurso formulado por las representaciones procesales de Vox y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege contra el auto del juzgado de Madrid. En el auto, el tribunal señala que el resultado de las gestiones practicadas por la Policía adscrita al juzgado viene a confirmar indicios de comisión de un delito. Y añade la sala que se constató que la asociación #404 Comunicación Popular solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad del partido y que este le transfirió 30.000 mediante tres transferencias entre octubre de 2019 y junio de 2020.
La Audiencia accede a que la exsenadora Cánovas se persone en el caso
También destaca que parte de las personas que están en dicha asociación son miembros de Podemos, y que alguno de ellos tiene cargo relevante en la formación. Y a esto suma que el partido "no ha facilitado información sobre si concedió 50.000 euros".
Fuentes de Podemos señalan que en las causas contra la formación ya nada sorprende, y lamentan que se vean decisiones que difícilmente se verían con otro investigado. Además, indican que esta investigación sobre la financiación del partido parece dirigida a salir en los medios de comunicación.
EXSENADORA. En un segundo auto ese mismo tribunal estima el recurso interpuesto por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas contra la decisión del mismo juzgado de no admitir su personación como acusación particular. Cánovas había recurrido la decisión de Escalonilla, argumentando que era víctima de los delitos de administración desleal y malversación por el uso irregular de los fondos que se «exigían» a los cargos públicos. Y aseguró que sus donaciones no fueron estrictamente voluntarias.
