El Ayuntamiento de Barcelona reprueba al Rey y pide la abolición de la monarquía

El Gobierno lleva al TC la reprobación de Felipe VI por parte de la Generalitat sin el apoyo del Consejo de Estado

Ada Colau, durante el pleno. MARTA PÉREZ
photo_camera Ada Colau, durante el pleno. MARTA PÉREZ

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una resolución en la que "condena el posicionamiento del rey Felipe VI" en relación con el "conflicto catalán" y la actuación de los cuerpos de seguridad el 1 de octubre de 2017 y apuesta por la "abolición" de la monarquía. El pleno ha dado el visto bueno a una declaración institucional presentada por la CUP, que ha contado con la firma del equipo de gobierno de Barcelona en Comú, del PDeCAT y de ERC, así como de los dos concejales no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.

Los concejales de Cs han abandonado el pleno durante este trámite y, al igual que los del PP y del PSC, no han suscrito esta declaración.

En el citado texto se acuerda "reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales". "Rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI —prosigue el texto—, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017".

El texto concluye con la reafirmación del "compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". La presidenta del grupo de Cs, Carina Mejías, ha calificado de "inaceptables" esta y otras declaraciones aprobadas , como otra en favor de la "libertad inmediata" de los políticos soberanistas en prisión y para exigir "garantías jurídicas" para los independentistas que han huido, presentada por el PDeCAT, y una última en apoyo del cuerpo consular "ante las medidas" adoptadas por el Ministerio de Exteriores, de ERC.

El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández, ha explicado que no han abandonado la sesión para dar voz a todos los catalanes "que defienden las instituciones del Estado y la monarquía", "frente a quienes quieren desprestigiar las instituciones con voluntad de destruir lo que es y representa España". La portavoz socialista, Carmen Andrés, ha dejado constancia de que el PSC no ha suscrito ninguna de estas declaraciones y ha reiterado su respeto y defensa de todas las instituciones.

Tal y como ocurre con estas declaraciones, no ha habido intervenciones en el pleno a favor de estas iniciativas, sino que se ha dado lectura a las mismas.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aceptado en el pleno de hoy la petición del grupo republicano de proponer a la Ponencia del Nomenclator dar el nombre de 1 de Octubre a un espacio público de la ciudad.
Colau ha argumentado que el 1 de Octubre se ha consolidado como "una fecha histórica, más allá de la opinión política que tenga cada uno".
Por otro lado, los votos en contra de los concejales independentistas y la abstención de BComú han impedido aprobar una proposición del grupo Popular para rechazar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, que han apoyado Cs, PSC, PP. 

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce "idóneo". En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por "sentido de Estado", ya que entiende que la resolución del Parlament es "inconstitucional", aunque, en todo caso, "respeta" la resolución del Consejo de Estado.

El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque "supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República". Considera además que su "intento de abolición de la monarquía" y su "ataque injustificado al rey" es inadmisible y representa una "extralimitación de sus funciones".

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