Barberá hace su entrada en los juzgados para declarar como testigo

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaración ante el juez José Castro por la rama valenciana del caso Nóos.

Barberá, que estaba citada a las doce del mediodía, ha llegado antes a los juzgados, donde ha entrado por una puerta distinta a la principal.

El Decanato había dado instrucciones a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la gerencia del edificio -la Conselleria de Justicia- de que era la puerta principal era la única por la que estaba permitida la entrada, han recordado fuentes del Tribunal de Justicia valenciano.

A las puertas de los juzgados se han concentrado representantes de la Plataforma de Afectados por Hipotecas, "yayoflautas" y de "RTVVnoestanca", así como un grupo de personas que ha acudido a manifestar su apoyo a la alcaldesa y numerosos medios de comunicación.

El juez se ha desplazado desde Palma para tomar declaración entre ayer y hoy a varias personas, entre ellos ocho ex altos cargos de la Generalitat, en relación con los convenios por 3,5 millones de euros firmados con el Instituto Nóos por entidades relacionadas con la Generalitat y el Ayuntamiento.

Barberá fue citada a declarar como testigo en esta causa junto a, entre otros, el expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien finalmente declarará por escrito, acogiéndose al derecho que le asiste.

Ayer declararon el exconseller de Economía y diputado nacional Gerardo Camps, y la exdirectora de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana Patricia Corrons, entre otros.

Para esta mañana estaban previstas, además de la de Barberá, las declaraciones del ex secretario autonómico José Marí Olano, la secretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat, Ana Brusola, y la interventora de la Generalitat Irene Chova, quienes permanecen en los juzgados para prestar declaración.

Las comparecencias seguirán por la tarde con otros tres testigos, y el imputado Luis Tejeiro, por su supuesta vinculación con la empresa Aizoon SL y con la supuesta contratación de empleados ficticios para el Instituto Nóos.

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