Los afiliados de Junts per Catalunya han ratificado el acuerdo alcanzado en Bruselas con el PSOE por parte de la formación independentista con un 86,16 % de votos favorables, en una consulta a las bases que empezó este sábado y se ha cerrado este domingo.
Según ha informado JxCat, la participación ha sido del 67 %, de los cuales el 86,16 % ha votado sí, mientras un 13,83 % ha votado en contra. La abstención ha sido solo del 0,01 %.
La luz verde de las bases de Junts era el último paso para bendecir el acuerdo después de que la Ejecutiva y el Consell Nacional de la formación también avalasen el pacto liderado en Bruselas por Carles Puigdemont.
La pregunta de la consulta a la militancia era "¿Ratificas el acuerdo firmado en Bruselas entre Junts y el PSOE, en el que se establecen tanto las condiciones como los mecanismos para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español y en el que plantearemos un referéndum de autodeterminación?".
Por otra parte, JxCat sufrió este sábado un ciberataque que no ha afectado el proceso de votación del acuerdo-marco con el PSOE. El ataque, según fuentes de Junts, fue "coordinado desde diferentes países, durante el que se recibieron unas 70.000 agresiones planificadas".
El caso, que ha sido denunciado a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, "no ha afectado el proceso de votación del acuerdo-marco con el PSOE, que discurre en otros servidores, y que continúa con total normalidad".
El Tribunal de Cuentas juzgará el viernes a Puigdemont y 34 excargos del Govern por gastos del 1-O y la acción exterior
El Tribunal de Cuentas (TCu) celebrará el próximo viernes el juicio contra el expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, el que fuera su número dos en la Generalitat y actual líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros 33 excargos del Govern por un supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior enmarcada en el procés.
Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press precisan que la vista -a la que no tienen obligación de comparecer los encausados pero sí sus defensas- está fijada en el calendario para las 11.00 horas del 17 de noviembre e incluye la práctica de tres testificales, incluida la del propio Puigdemont.
Se prevé que el mismo viernes el asunto quede visto para sentencia, toda vez que se espera que el juicio dure solo un día y que las conclusiones -tanto de las acusaciones como de las defensas- se presentarán después por escrito.
Hasta ahora, la celebración del juicio estaba en el aire porque Puigdemont y sus exconsejeros Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí habían pedido al TCu que lo suspendiera alegando que para juzgarlos por su presunta responsabilidad contable antes debe haber una resolución penal firme, que en su caso no existe porque el Tribunal Supremo no ha podido concluir las pesquisas en su contra por el procés porque permanecen huidos.
El pasado viernes, la consejera desestimó esta petición. Sin embargo, todavía es posible que defensas y/o acusaciones -en este caso ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana- pidan suspender el juicio si se registra la proposición de ley de la amnistía en el Congreso de los Diputados, algo que se prevé para el próximo lunes. Las citadas fuentes señalan que, aún así, no está claro que se suspendiera, ya que la ley no estará aprobada antes del juicio.
En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Ahora, ante la aprobación de una futura ley que amnistíe al independentismo catalán, las fuentes consultadas no descartan que el órgano fiscalizador pueda presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para consultar la legalidad de la norma. Subrayan, sin embargo, que no hay precedentes porque el TCu nunca ha presentado una cuestión de este tipo ante la corte de garantías.
Las mismas fuentes explican, además, que hay doctrina que contempla esta posibilidad, pero aseguran que también hay dudas jurídicas al respecto. Insisten en que habrá que esperar a que la eventual ley de amnistía se apruebe y entre en vigor para poder estudiar en detalle su contenido y evaluar el impacto que podría tener en la causa.
