Cae una red pakistaní que explotaba a inmigrantes en kebabs de toda España

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una red de pakistaníes dedicada a la introducción ilegal de compatriotas, a los que luego explotaba laboralmente en locales de comida rápida, sobre todo del tipo kebab.

Según informan ambos cuerpos, en la operación, en la que han intervenido casi 250 agentes y detenidas 25 personas en España y 4 en Polonia, se ha descubierto un entramado empresarial de más de 60 establecimientos de ese tipo, bajo los que se ocultaba una actividad ilegal de tráfico de inmigrantes y posterior explotación laboral.

Las investigaciones, en al que han colaborado la Inspección de Trabajo, comenzaron tras diversas inspecciones a locales de hostelería de la provincia de Cádiz al detectar que entre mediados de 2011 y finales de 2012 se había abierto un elevado número de kebab.

Todos los locales reunían unas características comunes: la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por pakistaníes y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular.

Como resultado de las pesquisas se detectaron tres cadenas de kebabs, que respondían a nombres comerciales distintos pero que estaban vinculadas entre sí por las relaciones entre sus propietarios, que disponían de 14 locales distribuidos por Cádiz.

En el avance de las investigaciones se descubrió que la red de kebab se extendía también a las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén.

También se pudo comprobar el acercamiento de la red a otro tipo de actividades, como locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Antequera (Málaga).

La organización había construido un entramado empresarial con más de 30 sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por cotitularidad y con trabajadores que no estaban regularizados laboralmente, ya que se encontraban en España de forma irregular.

Todo este entramado era utilizado por la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes que introducían irregularmente, así como diversos beneficios sociales para los mismos.

Los propietarios de los negocios presentaban a la Administración propuestas de contrato de trabajo para supuestos futuros empleados (que, en realidad, ya se encontraban trabajando para ellos sin ningún tipo de protección legal), que servían como base para la obtención de permisos de trabajo, lo que les permitía regularizar su situación en España.

Sin embargo, los trabajadores no eran luego dados de alta en la Seguridad Social.

Por otra parte, los agentes corroboraron numerosos envíos de dinero desde España a Pakistán realizados desde locutorios también relacionados con el entramado investigado.

Los inmigrantes eran trasladados a España utilizando la "ruta central" (a través de Libia e Italia) o la "ruta oriental" (atravesando Turquía y Grecia) previo abono de unos 14.000 euros aproximadamente por cada uno de ellos.

Durante las investigaciones han quedado acreditados los graves riesgos que suponían los trayectos a través del Mediterráneo para la vida de los inmigrantes que, en muchas ocasiones, viajaban hacinados en embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas.

Como ocurrió el pasado agosto, cuando un inmigrante murió por la inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado.

Una vez en España, eran distribuidos por los "kebabs", donde eran explotados y obligados a trabajar en jornadas continuadas, sin ningún tipo de descanso y sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de derecho social.

Los agentes han realizado 23 registros domiciliarios en varias provincias españolas y otros 28 en Varsovia (Polonia) y se han intervenido varios vehículos, dinero en metálico e importante documentación.

En las 60 inspecciones en establecimientos de comida rápida se han localizado a 26 pakistaníes en situación irregular.