La junta de tratamiento de la cárcel de Segovia estudiará mañana la posibilidad de conceder el tercer grado penitenciario o régimen abierto al dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, han dicho a Efe fuentes cercanas al caso.
El político fue condenado en Cuba a cuatro años de prisión por homicidio imprudente cometido el pasado 22 julio 2012 cuando tuvo un accidente en el que viajaba en compañía de los opositores cubanos Harold Cepero y Osvaldo Payá, que murieron. Pero en virtud de un convenio bilateral se acordó que Carromero cumpliera el resto de su condena en España.
Así, en aplicación de ese convenio Carromero ingresó en la cárcel segoviana el pasado día 29 de diciembre.
En su reunión de mañana por la mañana, la junta de tratamiento tendrá que realizar una propuesta de clasificación de grado para el interno, que en cualquier caso deberá ser ratificada o no por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Si Carromero es clasificado en tercer grado, podría beneficiarse de medidas como acudir a prisión para dormir o permisos de fines de semana e, incluso, no tendría siquiera que pernoctar en el centro penitenciario si Prisiones decide que los controles sean telemáticos.
El pasado jueves, en la reunión ordinaria que mantiene todas las semanas la junta de tratamiento, no pudo abordarse la situación de Carromero porque la Audiencia Nacional no había remitido todos los documentos necesarios para estos casos.
Según la liquidación de condena de la Audiencia Nacional, de los cuatro años que se le impusieron a Carromero por homicidio imprudente en Cuba, ya ha cumplido 159 días.
Para el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el caso de Ángel Carromero está incluido en los supuestos de tercer grado como son el delito por el que está penado, la conducta del interno, el arraigo familiar o el que tenga un empleo.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que devolverá a Carromero su puesto de trabajo en la Junta de Distrito del barrio de Moratalaz, compatible con la clasificación de tercer grado.
El fiscal general del Estado no ha valorado, no obstante, aspectos de política internacional que tengan relación con este caso y solamente ha precisado que se procederá cumpliendo los acuerdos bilaterales que haya adoptado España.
